México, 14 may (EFE).- Las cárceles de México viven la crisis del coronavirus con críticas por el hacinamiento y la corrupción imperante en los penales, que no han podido frenar la entrada del virus y han evidenciando que liberar a presos es la mejor medida para protegerlos del COVID-19.
Lorena llevaba seis años en una cárcel de Tijuana, donde participaba en el grupo de danza. El 6 de mayo fue aislada con problemas para respirar y falleció.
Las autoridades de la cárcel descartaron que fuera por coronavirus pero sus compañeras creen que el COVID-19 -que suma 40.186 casos y 4.220 muertos en el país- ya entró al penal.
Según el último reporte oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, las cárceles mexicanas acumulan 100 enfermos por COVID-19, 79 casos sospechosos, nueve decesos y tres motines relacionados con el virus desde el inicio de la pandemia.
Unos datos cuanto menos extraños dado que, por ejemplo, Baja California, donde se encuentra Tijuana, no ha reportado casos oficiales de coronavirus en sus cárceles pero sí cinco de las nueve defunciones en prisiones que se han dado en todo el país.
Organizaciones de la sociedad civil ponen en cuestión las cifras oficiales y creen que el impacto de la pandemia es mucho mayor en las cárceles, donde se da la paradoja de que mientras el país está en cuarentena, estar encerrado en prisiones no protege de la enfermedad.
“El hecho de estar en una cárcel no significa que estén en una isla fuera del mundo. El hecho de que no puedan salir no significa que el virus no pueda entrar a través del personal penitenciario”, resumió a Efe Maïssa Hubert, integrante del colectivo EQUIS Justicia para las Mujeres.
UN SISTEMA PENAL OBSOLETO
En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17.000 reclusos y 309 penales estatales con unos 176.000 encarcelados, según las cifras oficiales, siendo el segundo país latinoamericano con más presos por detrás de Brasil.
De acuerdo con organizaciones civiles, casi la mitad de los reclusos están en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia firme, lo que ha saturado las cárceles, pues el 37 % tienen problemas de hacinamiento.
“El Gobierno pide sana distancia entre las personas pero eso es imposible en una celda de 4×4 con 40 personas en el interior”, dijo a Efe la directora de la asociación Reinserta, Saskia Niño de Rivera, quien opinó que “la pandemia ha confrontado el sistema carcelario con su propia corrupción”.
Según la activista, la ingobernabilidad de algunos penales, controlados por los propios presos, y la corrupción del personal penitenciario dificulta aplicar las “medidas sanitarias” contra el virus.
Por un lado, varios estados han prohibido las visitas en las cárceles, pero la inmensa mayoría de reclusos depende de la comida y jabón que reciben de sus familiares, mientras que personal penitenciario vive de sobornos por dejar pasar estos productos.
Y con todo, se han evidenciado las carencias sanitarias en las cárceles.
María, compañera de Lorena en el penal La Mesa de Tijuana (nombres falsos para proteger su identidad) contó por teléfono a Efe que ella y varias reclusas tienen síntomas, pero ni las aislan ni les hacen la prueba de coronavirus.
“En mi celda, hemos tenido temperatura (fiebre), hemos perdido el gusto y el olfato, dolor de huesos y dolor de cabeza. Gracias a Dios no hemos llegado al punto de no poder respirar”, relató.
LAS EXCARCELACIONES COMO SOLUCIÓN
Ante esta situación, tanto la Ciudad de México como el vecino Estado de México, las dos entidades con más reclusos del país, han optado por liberar a decenas de presos con brazaletes que permiten su seguimiento.
“Nuestro objetivo principal es despresurizar los penales ante la sobrepoblación que tenemos”, dijo a Efe Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad del Estado de México, cuyas cárceles tienen capacidad para 13.500 personas pero albergan a 31.000 reclusos.
El Gobierno del Estado de México ha solicitado al Poder Judicial la liberación de al menos 380 personas con sentencias menores a cinco años o con enfermedades crónicas.
Cervantes señaló que la pandemia “vino muy bien” para que los jueces se mostraran abiertos a las preliberaciones y señaló que antes de la crisis sanitaria el Estado de México ya tenía “un ambicioso plan” para liberar hasta a 4.000 personas.
Sin embargo, advirtió que de poco servirán estos mecanismos si no se reduce el número de gente encerrada en prisión preventiva: “No ayuda mucho si ingresa a prisión la misma cantidad o más de personas que salen”, dijo.
Y es que para las organizaciones sociales, México necesita un cambio radical hacia un sistema penal que no se base en encarcelaciones masivas.
“México ha generado un sistema donde justicia es sinónima de venganza. Los jueces no se atreven a implementar medidas alternas. El número de gente en prisión por delitos que no deberían serlo es una locura”, opinó Niño de Rivera.
El Senado dio un paso en ese sentido al aprobar en abril una ley de amnistía que prevé la liberación de mujeres encerradas por abortar, indígenas que no contaron con traductores en el juicio, personas que robaron sin violencia o poseedores de pequeñas cantidades de droga.
Aunque el alcance de esta ley se prevé reducido – unas 4.000 personas-, dado que solo aplicará en los penales federales y no en los estatales, desde EQUIS celebran que simboliza “un proceso de restitución de derechos y un reconocimiento de injusticias estructurales”.
De todos modos, Maïssa Hubert avisó que “se necesitan miles de otras reformas para resolver la situación de justicia en el país”, especialmente de las mujeres, que representan el 5 % de la población penitenciaria.
“Por su falta de recursos, muchas mujeres son utilizadas por los cárteles para transportar cantidades chiquitas y acaban en prisión. La política de drogas tiene que ser reformada por completo”, concluyó.
