Que padres de familia y alumnos que sean víctimas de abusos o actos discriminatorios por parte de los directivos, como lo ocurrido en el CETIS 155, no duden en acudir al área jurídica del Instituto de Educación o incluso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar sus quejas y denuncias, apuntó la diputada presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso, Lucía de León Ursúa.

“No podemos estar solapando a las autoridades y que se denuncie lo que se tenga que denunciar, y sobre todo si existe evidencia”.
Aprovechó para hacer un llamado a los padres de familia y a los estudiantes que quieran contratar algún servicio o empresa organizadora de eventos, a que siempre lo hagan con un contrato debidamente verificado.

HASTA REALIZAR CONTRATO ANTE NOTARIO PÚBLICO

Con respecto a la estafa que sufrieron los estudiantes de Comunicación de la Universidad Autónoma, la legisladora señaló que si en alguna institución educativa, en pleno derecho, quieren organizar una graduación, sería prudente que se hiciera una mesa de trabajo o un comité que debería ser vigilado por todos los involucrados, ya que no es dinero de la escuela o del Instituto de Educación, sino de particulares.

Destacó que en el caso de las mesas directivas de padres de familia que manejan los recursos, sí son reguladas por parte del IEA y, por el contrario, con la organización de las graduaciones eso sería muy complicado porque no se trata de dinero público.

“Yo creo que sería viable la realización de algún contrato certificado ante notario público, para ver si eso logra blindar un poco más el recurso”, consideró De León Ursúa.

La legisladora indicó que sería importante que los afectados presenten su denuncia ante las autoridades correspondientes en contra de la responsable, que ya es mayor de edad, y que se llegue hasta las últimas consecuencias.