México, 15 jun (EFE).- Empresarios y políticos de oposición exigieron este lunes al Gobierno mexicano crear certidumbre a las inversiones de las empresas tras la queja de la American Petroleum Institute (API) de Estados Unidos por una posible violación de los acuerdos comerciales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó la inseguridad de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quince días de que entre en vigor el nuevo Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
«Estamos presenciando un conjunto de decisiones, primero, irracionales y, además, claramente repentinas, exóticas, y que han tenido como consecuencia que se vulnere la certidumbre», afirmó en rueda de prensa Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
En su carta, fechada el 11 de junio pero difundida este lunes, las más de 600 empresas de la API piden a los secretarios de Estado, Comercio y Energía y al Representante Comercial de EEUU que conminen a México a cumplir con sus compromisos comerciales.
LAS ACUSACIONES
Al citar las nuevas políticas energéticas de México, las empresas del sector petrolero y energético estadounidenses acusan también al Gobierno de López Obrador de «violar los compromisos» del aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
«Estos son ejemplos de acciones de discriminación contra miembros de la API que probablemente contravienen los compromisos de México a las protecciones de inversión de los Tratamientos Nacionales en los capítulos de inversión tanto del TLCAN como del T-MEC», indica la carta.
En primer lugar, las empresas denuncian «crecientes dificultades» para obtener o renovar permisos de operación de gasolineras por retrasos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
También acusan a la CRE de negarles la licencia con base en requisitos no previstos en la ley.
Los estadounidenses también acusan a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de inspeccionarlos con la «presencia coercitiva» de la Guardia Nacional, la fuerza de seguridad cívico-militar creada por López Obrador.
Asimismo, destacan que las autoridades mexicanas eximen a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de cumplir con la norma ambiental de contaminantes en la gasolina que sí exigen a los extranjeros.
Los estadounidenses también señalan afectaciones por la nueva Política Pública de Almacenamiento de Petrolíferos, que entrará en vigor el 1 de julio, cuando requerirá que las empresas petroleras cuenten con un mínimo de cinco días de reservas.
La API considera esta medida «problemática» porque la estatal Pemex posee la mayoría del almacenamiento certificado, mientras que los otros participantes de la industria no han recibido permisos para construir nuevos centros de abastecimiento.
Por otro lado, aseguran que la Secretaría de Energía (Sener) obstaculiza permisos para importar gasolinas de las refinerías de Estados Unidos.
Asimismo, acusan a la CRE de una resolución «opaca» diseñada para darle ventajas a Pemex en los precios al menudeo.
Por último, cuestionan el retraso de permisos para nueva infraestructura de parte de Sener, la CRE, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
OPOSICIÓN CRITICA
La senadora Alejandra Reynoso, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, expuso que las «últimas decisiones del sector energético mexicano» desataron estas acusaciones del la API.
«La incompetencia puede llegar muy lejos y salir carísima. Muy delicada situación», tuiteó la legisladora del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
