CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL). –
Senadores de oposición exigen una profunda investigación y castigo a los responsables del espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.
En entrevistas por separado, los coordinadores parlamentarios del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, advirtieron que es muy grave que en el gobierno de la Cuarta Transformación se intervengan comunicaciones privadas de activistas u opositores.
Osorio Chong puntualizó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está obligado a dar una explicación.
«Se debe, como ellos lo exigían, una explicación. Se debe de señalar no solamente si a él a esta persona, o a otras más y con qué lo están haciendo. Creo que sí se debe una explicación y por supuesto una investigación al respecto».
Indicó que es delicado que se espíe a cualquier persona, «ellos mismos lo señalaron siempre y ahora les toca dar explicaciones».
«Es tan importante un defensor de derechos humanos como un activista, como por supuesto cualquier persona, un periodista. Nadie debe de estar intervenido en sus cuestiones personales, sus llamadas y creo que debe se debe una explicación y se debe de investigar», insistió.
Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza afirmó que el espionaje de la Sedena es un hecho inaceptable y de la mayor gravedad, que da la razón a quienes advirtieron de los riesgos de la militarización del país, además de que es un indicador muy grave de la descomposición del gobierno de la 4T.
«Quiere decir que empieza a haber pautas, justo lo que veíamos como una amenaza, de la militarización del país y la falta de controles de las fuerzas armadas. Hemos advertido que el Ejército está tomando cada vez más poder y ahora resulta que hace las mismas prácticas que tanto rechazó Morena en el gobierno de Peña Nieto y Calderón.
«Ahora resulta que utilizan software para sin ningún control judicial hacer investigaciones y espionaje; ahora resulta que hay algunos grupos al interior del Ejército que se mueven como narcos, ejecutan, castigan y encima espían. El caso de Raymundo Ramos es un caso grave», subrayó.
Álvarez Icaza indicó que pese al discurso oficial en el sentido de que ya no se espía a nadie, ahora hay evidencia de que con recursos públicos y con elementos de las fuerzas armadas están espiando a defensores de derechos humanos «y es una demostración de que algo se está pudriendo muy gravemente en el gobierno de López Obrador».
«Tiene que haber una investigación muy seria, tiene que haber una sanción muy seria y tiene que haber una explicación del presidente, porque mientras el presidente siga legitimando y justificando actos fuera de la ley de las fuerzas armadas, caminamos cada vez más a un gobierno autoritario», alertó.
