CIUDAD DE MÉXICO, agosto 26 (EL UNIVERSAL).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría Gobernación, Alejandro Encinas, rechazó las críticas de quienes aseguran que el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia es similar al de la llamada «verdad histórica» que se elaboró en el sexenio anterior y subrayó que «nosotros no torturamos absolutamente a nadie».
Indicó que hay testimonios y colaboración de 115 personas que conocen o estuvieron involucradas en los hechos. «Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la Verdad Histórica, lo cual es absolutamente falso».
Durante la conferencia mañanera expuso que el informe presentado esta semana es resultado de una investigación y de análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un Comité Científico Asesor y de un Grupo Interdisciplinario integrado por diversas instituciones convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad.
¿En qué se sustenta la «verdad histórica»?
Subrayó que la llamada verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF del municipio, lo cual es falso porque la misión de los estudiantes era tomar camiones y su llegada a Iguala fue en el momento en el que ya había concluido este evento, incluso el festejo en la plaza central de Iguala ya había concluido.
«Hay una diferencia sustancial y de fondo: que la verdad histórica se sustentó en declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen: Nosotros no torturamos absolutamente a nadie».
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso que del análisis que hemos realizados se sustenta en la evaluación de 87 millones de registros telefónicos que fueron depurados para ubicar 4 mil registros telefónicos claves, 17 mil números telefónicos, que han sido analizados vigorosamente a lo largo de los últimos dos años que nos permitió hacer un mapeo y una geolocalización de 116 números telefónicos y al mismo tiemplo complementar esta información con los 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la Administración Pública Federal y otros órganos del Estado.
Incluso, dijo que al día de hoy, 26 de agosto, ya es un dato distinto al informe presentado esta semana porque hemos realizado 105 acciones de búsqueda de campo que implica 711 días de búsqueda, de jornadas de trabajo en 7 municipios de Guerrero con el avance tecnológico al que hemos tenido acceso para la exploración del territorio.
Encinas Rodríguez, reiteró que la forma en qué se articuló el grupo delictivo de Guerreros Unidos con autoridades de distintos órdenes del gobierno de la desaparición de los estudiantes, «hemos acreditado como en todo momento las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes quienes eran monitoreados desde días previos por las movilizaciones que se iban a realizar el 2 de octubre en la Ciudad de México y cómo estuvieron al tanto de su salida de la escuela normal su llegada Iguala». Asimismo, de los hechos de persecución y violencia que precedieron a la desaparición lo que evidentemente «acredita no solamente responsabilidades por acción u omisión o negligencia sino el involucramiento de autoridades de agentes del Estado en la desaparición de los normalistas».
«La desaparición debió de haberse evitado las omisiones de la autoridad si lo hubiera dudas permitieron esta desaparición y hemos puesto en el informe este un dato muy importante la existencia de un estudiante normalista miembro del ejército informante de este de las fuerzas armadas que desapareció junto con los estudiantes sin que en ningún momento sus mandos superiores activado el mecanismo de búsqueda» que pudo haber evitado su desaparición y la de todos los estudiantes.
Al defender el nuevo informe del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que los normalistas fueron objeto de «una labor cruente» de desaparición.
Reveló que se están tratando de ubicar los sitios donde presuntamente fueron depositados sus restos luego de ser asesinados, incluso señaló que analizan testimonios de personas involucradas de que los restos los removieron a otro lugar después de la noche de la desaparición.
Indicó que el entonces presidente municipal, José Luis Abarca, e integrantes de Guerreros Unidos en coalición con otras autoridades dieron la orden de desaparecer a los estudiantes.
