Nueva York, 30 sep (EFEUSA).- Una coalición de 17 fiscales generales presentó este lunes un documento ante la Corte Suprema de EE.UU. como parte de un demanda iniciada en 2017 en defensa del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), que beneficia a miles de jóvenes que llegaron a EE.UU. siendo niños.
La coalición, liderada por la fiscal de Nueva York, Letitia James, alega en el documento que el intento de la Administración del presidente Donald Trump de revocar el programa DACA, que beneficia a miles de «soñadores», como se les conoce, se basa en un «análisis legal defectuoso» e insiste en que esta decisión ha perjudicado a los residentes, instituciones y a la economía de los estados, señala un comunicado.
En septiembre de 2017, cuando la Administración Trump anunció su intención de poner fin al DACA, la Fiscalía general de Nueva York presentó una demanda en la corte federal en el distrito de Brooklyn en el que se oponía a dicha acción.
Como resultado, en febrero de 2018, la corte federal para el distrito este de Nueva York emitió una orden judicial preliminar que impidió que el DACA fuera eliminado, recordó la Fiscalía de Nueva York en el comunicado.
La batalla llegó a la Corte Suprema del país que el próximo 12 de noviembre comenzará a escuchar los argumentos de las partes en este conflicto.
Una de ellas, la de seis jóvenes soñadores de California que demandaron al presidente Trump por la decisión, que estarán representados por el procurador general del estado, Edward C. DuMont.
Los otros dos grupos incluyen, entre otros, a la Asociación para el Avance de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), soñadores como el mexicano Martin Batalla Vidal que demandó a Trump en una corte federal en Nueva York por este caso, universidades, sindicatos o empresas como Microsoft que emplean algunos de estos chicos.
Se espera que la Corte Suprema dé a conocer su decisión para finales de junio del 2020 ya que debido a la importancia del caso tomará tiempo escuchar las denuncias y argumentos.
Entre sus argumentos, la coalición de fiscales demócratas señala que la decisión de poner fin al DACA «fue un cambio dramático en la política que amenaza con consecuencias devastadoras para cientos de miles de personas y graves daños a miles de empleadores y a las economías e instituciones de cada estado».
En contraste, alegan además que los demandantes (la Administración Trump) emplearon un argumento «superficial» para justificar su conclusión de no continuar con el programa, que fue anunciado por la Administración del presidente demócrata Barack Obama en junio del 2012.
El DACA ha permitido que aproximadamente 800.000 jóvenes que vinieron a este país como niños y que carecen de estatus legal migratorio, vivan, estudien, y trabajen en este país sin temor a ser arrestados o deportados, recordó la coalición en el comunicado.
Los estados incluidos en la coalición de fiscales albergan a más de 150.000 beneficiarios, de los cuales al menos 42.000 residen en Nueva York.
El 97 % de esos jóvenes están empleados o van a la escuela y pagan 140 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales en Nueva York, como ha señalado el Instituto de Impuestos y Política Económica, destaca además el comunicado.
Esta coalición está integrada por Nueva York, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.
