Ante el pleno de la Cámara de Diputados, Luis Enrique García López, legislador por Aguascalientes, presentó la propuesta de ley para castigar con cárcel a quienes ostenten cualquier cargo público y se involucren con el crimen organizado, en una iniciativa en la que este tipo de delitos no prescriben y busca se sancione con 80 a 140 años, considerando previamente su inhabilitación y pérdida del cargo, para no dar paso a interpretaciones.
El diputado federal por Aguascalientes, Quique Galo, presentó ante el Pleno de los legisladores la propuesta de ley para castigar con cárcel a quienes ostenten cualquier cargo público y se involucren con el crimen organizado.
Consideró urgente eliminar desde la raíz la relación de complicidad que mantienen algunos gobiernos y presentar ante la justicia a los responsables de las alianzas con el crimen, pues dijo que, mientras exista una clase política que protege a los delincuentes, México no podrá acabar con la violencia y vivir en paz.
Asimismo, se trata de inhibir ese tipo de acciones que atenta contra las instituciones democráticas, que se opere ilícitamente para influir en resultados electorales, así como en la toma de decisiones de los poderes públicos, dijo, y afirmó que no existe crimen organizado si no es con una clase política que lo protege.
Es por ello que la pena considera a los desleales que ostenten los cargos de presidente de la República, gobernadores, secretarios de Estado federales y estatales, los fiscales general de la República y de las entidades del país, así como al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
MÉXICO PADECE LA FALLIDA ESTRATEGIA DE ABRAZOS Y NO BALAZOS
Recordó que México padece las consecuencias de la fallida estrategia de los abrazos no balazos, al incrementarse los índices de violencia y dejar al descubierto la red de amiguismos, complicidad e impunidad que tienen MORENA con sus aliados. En el Partido Acción Nacional tenemos una plena convicción de que para que exista un verdadero Estado de derecho resulta indispensable generar condiciones que permitan ejercer legítimamente el uso de la fuerza en el combate contra el crimen.
En cuanto a la presión que ejerce Estados Unidos al gobierno mexicano por la falta de resultados contundentes en el tema de seguridad pública, recordó que la soberanía no solo se pierde cuando amenaza otro país, sino que también se debilita cuando el crimen dicta quién y cómo se gobierna en determinadas zonas del país. Indicó que cuando los carteles tienen más control que las propias instituciones, entonces no se puede referir como un país soberano.
Añadió que la seguridad nacional debe incluir la lucha frontal contra la narcopolítica y la corrupción gubernamental. No se puede hablar de democracia mientras el crimen siga decidiendo quién y cómo se gobierna. México enfrenta una crisis de violencia sin precedentes y MORENA ha sido cómplice de su iniciación, agregó.
Subrayó que los mexicanos queremos un país donde las víctimas sean escuchadas, los criminales castigados y los políticos corruptos llevados a la justicia.
