“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente todo”.
John Acton
El pasado 7 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, anunció la creación de la empresa “Gas Bienestar”, propiedad del Estado, que se encargará de distribuir gas LP (Gas Licuado de Petróleo) a precios competitivos. La creación de la empresa es una respuesta a los precios altos de este combustible por encima de la inflación, manifestó el mandatario federal, por considerar injusto el incremento, ya que Pemex les vende el gas a los distribuidores a precios bajos y éstos los revenden con un alto margen de utilidad. Además, reprochó que en el sector hay poca competencia, y denunció el control (monopolio) de la venta entre cinco grandes gaseras, lo que sí es cierto.
Pero es un sofisma del Presidente la reventa de los gaseros a precios altos luego de adquirir el energético a Pemex, porque se importa el 62% del gas y Pemex sólo produce el 38%, por lo que el precio de adquisición del gas LP en el extranjero estaría sujeto a los vaivenes del precio internacional, variables internacionales que no podrá controlar el Presidente.
Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció sobre la ocurrencia matutina, al calificarla como una propuesta inviable, ineficaz y anti-competitiva: “El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador regresa a los monopolios del pasado con una paraestatal como Gas Bienestar. No resuelve de fondo el problema”, señaló el sindicato patronal. “Con la baja producción y el alto volumen de importación, la propuesta de ofrecer gas a un menor precio es inviable, a menos que se recurra a subsidios como en el pasado, donde Pemex absorbía las variaciones de los precios internacionales”, aseguró José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Coparmex.
Y no fueron los únicos argumentos en contra vertidos por el líder empresarial, al señalar que distribuir gas LP a un precio menor del que se oferta en el mercado es violatorio del principio de igualdad que debe regir entre los participantes del sector energético; “En Coparmex advertimos que la eventual creación de Gas Bienestar distorsiona el mercado y otorga un beneficio exclusivo e indebido a Petróleos Mexicanos (Pemex) frente a otras empresas comercializadoras de gas que participan legalmente en el sector a nivel nacional”.
La crítica del empresariado vino acompañada de una propuesta razonada; “Una verdadera solución sería fomentar la producción nacional, aprovechar las reservas de gas del país y posibilitar que más empresas participen en aumentar la oferta, eso de forma natural se traduciría en una baja en precios”.
Y por increíble que parezca, “Gas Bienestar” no es la única medida de concentración del mercado que pretende el Gobierno de la 4T, también pondrán a funcionar las “Gasolineras del Bienestar”, creadas con el fin de ofrecer combustible a “precio justo” para la población, así como impulsar el fortalecimiento de Pemex. Las primeras estaciones de servicio se ubicarán en el Estado de Quintana Roo, como infraestructura adicional al Tren Maya. El anuncio lo hizo el jueves 8 el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); “El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en conjunto con la Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), y Petróleos Mexicanos (Pemex) impulsan el establecimiento de Gasolineras del Bienestar en localidades del sur de Quintana Roo”.
La participación del Estado en actividades productivas reservadas a la iniciativa privada son preocupantes. “Gas Bienestar” y “Gasolineras Bienestar” son las más recientes. Tenemos el caso de la construcción, equipamiento y operación de los 2,700 Bancos del Bienestar prometidos por AMLO, cuyos responsables son los militares, sustituyendo y desplazando al sistema bancario; la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, relegando a las empresas formales del sector de la construcción, al encomendarlo a la Sedena; a los astilleros (sitio donde se construyen barcos) también los hizo a un lado, al asignar a la Secretaría de Marina la construcción de embarcaciones sargaceras (para retirar el sargazo) y a las Fuerzas Armadas, quienes también se encargarán de la construcción del tramo 5 norte, el tramo 6 y el 7 del Tren Maya, además que serán ellos los propietarios.
De modo que las políticas adoptadas por Andrés Manuel López Obrador son similares a las emprendidas por el ex-presidente Luis Echeverría Álvarez, quien por sus delirios comunistoides y fobia contra los empresarios, los enfrentó constituyendo empresas paraestales de casi todo tipo de género, propiciando un monopolio de Estado, una burocracia obesa, una fuente de corrupción inmensa, un dispendio de recursos públicos y una ineficacia nunca antes vista en los sistemas de producción. “Se pretenden solucionar problemas actuales con supuestas soluciones añejas que han probado históricamente ser ineficaces y que terminan por afectar las finanzas públicas”, sentenció la Coparmex.
“Zapatero a tus zapatos”, el empresario a producir, el Gobierno a regular y gobernar. Fórmula simple.
