Mientras que la Comisión Reguladora de Energía dio a conocer que el precio máximo autorizado del gas licuado de petróleo para los 11 municipios del estado de Aguascalientes es de 22.97 pesos por kilo y de 12.40 por litro, en el caso de los tanques convencionales y estacionarios, la Procuraduría Federal del Consumidor advirtió que las gaseras que no respeten los precios máximos podrían perder su concesión y con ello salir del mercado.
La CRE informó que los precios autorizados para esta plaza y los que se fijaron para cada una de las entidades del país, tienen una periodicidad inicial del 1° al 7 de agosto y se irán actualizando por etapas, por lo que las empresas gaseras están obligadas a respetar los precios máximos que se les fijó al iniciar el control o regulación de los precios del gas butano.
A su vez y a través de un comunicado oficial expedido por las oficinas centrales, la Procuraduría Federal del Consumidor anunció la puesta en marcha de un operativo de verificación tanto en las plantas como en los camiones utilizados para distribuir el energético en las rutas, para supervisar no sólo que se garantice el abasto, sino que también se respeten los precios marcados por la Comisión Reguladora de Energía y que además se exhiba en las mismas unidades repartidoras el precio del gas, por kilogramo y por cilindro.
De esta manera y con el precio autorizado para el caso particular de Aguascalientes, el tanque de 30 kilogramos, que es el de mayor uso en la Entidad, se debe comercializar a un precio máximo de 689.1 pesos al público, mientras que el litro de gas para los tanques estacionarios se fijó en los 12.40 pesos.
La Profeco advirtió que las empresas gaseras que no respeten los precios máximos que se autorizaron para la plaza, serán objeto de sanciones administrativas y que las mismas, según la intencionalidad que se tenga, podrían llegar hasta la cancelación del permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.
Según la Profeco, los precios máximos que entraron en vigor desde el 1° de agosto pasado no impiden la competencia, como lo han señalado las mismas empresas del ramo, sino que con ello se busca generar una “competencia justa”, así como inhibir las prácticas abusivas por parte de las gaseras.
