Empresarios gasolineros denunciaron que son víctimas de extorsiones por parte de verificadores de la Profeco, quienes les exigen mordidas por miles de pesos a cambio de no inmovilizar sus bombas de combustible por lapsos prolongados. Ha habido casos donde a un empresario le han exigido poco más de 100 mil pesos por no inmovilizarle sus bombas, práctica que, dijeron, se ha agudizado durante la actual Administración federal.
De forma anónima para evitar represalias por parte de la gente de la Profeco, los empresarios gasolineros comentaron que sobre todo en la región Centro-Bajío se está presentando esta situación en donde los verificadores de la Profeco les exigen importantes sumas monetarias, amenazándolos con inmovilizar sus bombas por tiempo indefinido en caso de negarse a ello.
Hay dos cuestiones que están propiciando estas extorsiones, una de ellas es que hay lagunas en la normativa, lo cual deja a criterio de los inspectores varias causales para imponer sanciones. Por otro lado, hay demoras en el retiro de sellos de los dispensadores cuando estos son inmovilizados, pues de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, no deben pasar más de 10 días hábiles para que dichos sellos se retiren, esto una vez que se subsana la causa de la inmovilización.
Lo anterior está propiciando que incluso por pequeños errores logísticos, los verificadores incurran en amenazas y amaguen con clausurar bombas de combustible en caso que no se ofrezcan importantes sumas monetarias.
En ocasiones, para no clausurar las bombas, a los empresarios del sector les han llegado a exigir montos superiores a los 100 mil pesos.
Destacaron que las sanciones no corresponden a prácticas donde se dañe al consumidor como pudiera ser la venta de litros incompletos, sino por cuestiones tan burdas como el goteo de algún dispensador, por el error en el llenado de una bitácora o bien por fallos en software previamente aprobados por autoridades regulatorias.
Si bien dijeron que este tipo de prácticas no son nuevas, desde el inicio de la actual Administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han multiplicado.
Detallaron que esta práctica afecta sobre todo a franquicitarios independientes, resaltando que hay aquí cerca de 200 gasolineras, por lo que, si a cada una le tumban 50 mil pesos los verificadores de Profeco, en promedio los empresarios del sector estarían pagando poco más de 10 millones de pesos anuales en extorsiones.
Agregaron que estas extorsiones están focalizadas en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, así como algunas zonas de Jalisco y Zacatecas, donde son visitados por los inspectores hasta tres o cuatro veces por año.
