Como consecuencia de la crisis sanitaria, los gobernadores de los Estados de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, llevaron al espacio público la idea de separarse del pacto fiscal, al manifestar su inconformidad bajo el argumento de que las participaciones recibidas por la federación eran menores a los impuestos que aportaban como estados. Ante ello, comienzan a surgir preguntas como: ¿Es posible una separación? ¿Dónde queda el contribuyente en todo esto?
Para entender mejor lo anterior, resulta oportuno mencionar que la doble tributación no está prohibida en la Constitución, los distintos órdenes de gobierno están en posibilidades de ejercer su potestad tributaria bajo un mismo hecho de manera simultánea, es decir, válidamente la Federación y los Estados pueden gravar una fuente de riqueza al mismo tiempo; sin embargo, el hecho de que esté permitido no significa que sea deseable, pues puede llegar a ser ruinoso para los contribuyentes.
Por ello existe el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, donde las entidades federativas acuerdan renunciar a imponer contribuciones locales sobre fuentes gravadas por la federación, cediendo el monopolio para ejercer la recaudación del ISR, IVA y demás contribuciones, a cambio de que los estados reciban participaciones por el cobro de las contribuciones federales que han renunciado gravar.
Dicho esto, se considera que la sola separación del sistema de coordinación fiscal/pacto fiscal, no resulta ser la panacea para obtener una mejor repartición en el gasto, todo lo contrario, sería un grave error que terminaría pagando el contribuyente, ya que el ejecutivo federal seguiría recaudando el ISR e IVA, los estados naturalmente tendrían que crear nuevos impuestos al dejar de percibir participaciones, lo que ocasionaría una doble tributación para los contribuyentes, esto es, nadie ganaría bajo ese escenario.
No obstante, debe destacarse que si bien es cierto que la coordinación fiscal ha servido para dar equilibrio en la asignación de recursos a estados que generan menos impuestos que otros, no menos cierto es que también ha servido para desvirtuar el federalismo, al permitir que se centralice el poder en el Presidente, donde a través de la SHCP ejerce el total control de los ingresos y repartición del gasto público.
Lo anterior, ha creado una dependencia de los estados hacia la federación, que hoy está cobrando factura, al cederle todo la responsabilidad de la política fiscal al ejecutivo federal, mientras los estados se conforman con las participaciones recibidas por la federación sin asumir responsabilidades, siendo las contribuciones locales recaudadas insuficientes para hacer frente a los desafíos que se enfrentan, aunado a que esa coyuntura ha incentivado la indisciplina en las finanzas públicas de varios estados de la república, donde se les hace fácil gastar más de lo que ingresan.
Bajo ese orden de ideas, en congruencia al sistema democrático y federalista que rigen nuestra Constitución, lo mejor es que se someta una revisión a fondo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el que los estados y municipios puedan recobrar sus facultades tributarias en favor de su autonomía, sin embargo, no debe olvidarse que la autonomía conlleva responsabilidades, por ello, la sola revisión al pacto fiscal no basta, debe estar amparada de una reforma fiscal para todos, donde se garantice una justa repartición de los ingresos y gastos entre los tres órdenes de gobierno, así como una modernización en la forma de recaudación para estados y municipios.
Una idea para lograr lo anterior, pudiera ser la que propone Enrique Hernández socio de la firma legal Procopio, en el que los estados recauden un ISR local y que ese impuesto pueda llegar a ser deducible del ISR federal, con el objetivo de aliviar la doble tributación, propuesta muy similar a como se viene tributando en los Estados Unidos de América.
A raíz de la pandemia, se han venido desnudando carencias que se arrastraban desde el siglo pasado, una de ellas, es la falta de autonomía de los estados dentro de la federación, para revertir esa situación, resulta indispensable que recobren sus facultades tributarias para depender cada vez menos del ejecutivo federal, es decir, para que por fin podamos funcionar como una verdadera federación. Es por ello, que se debe aprovechar el consenso entre gobernadores, esperando que el Gobierno de Aguascalientes y demás estados se sumen en su participación, para que impulsen la reforma fiscal que tanto ha quedado a deber el Estado Mexicano hacía con su población.
