No obstante que la contratación de los 700 millones de pesos con HSBC por el Gobierno del Estado apenas el pasado 26 de enero se ocultó tanto al Congreso como a la opinión pública, se trata de un financiamiento enteramente legal que será cubierto a más tardar el próximo 25 de abril.
En respuesta al artículo publicado por Noticen y que fue replicado ayer por la mañana en el programa de Infolínea del periodista José Luis Morales, el secretario de Finanzas, Carlos de Jesús Magallanes García, afirmó que la contratación del nuevo empréstito, que elevó en casi un tercio la deuda pública del Estado a más de 3,306 millones de pesos, cumplió con la ley. Fue “un financiamiento a corto plazo, acorde a las disposiciones en materia de disciplina financiera y de deuda pública a nivel local; lo anterior con base en el Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera, que establece que es facultad del Ejecutivo la contratación de este tipo de financiamientos, mismos que no requieren la autorización de la legislatura local”.
“Los recursos de este financiamiento permitirán cubrir necesidades de liquidez temporal para asumir obligaciones derivadas de proyectos de inversión prioritarios. Este compromiso financiero tiene como fecha de liquidación el 25 de abril de 2022, por lo que no se heredará a la siguiente Administración, como se comenta en el texto publicado”, apuntó el titular de la SEFI.
Por su parte, el diputado Jaime González Díaz de León, presidente de la Comisión de Vigilancia el Congreso del Estado, detalló que el préstamo fue adquirido en cumplimiento a disposiciones legales y que al tratarse de un crédito de corto plazo, la ley obliga a que el monto total no deberá exceder del 0.6% de los ingresos presupuestados que, para este año, son 28,000 millones, “perfectamente daba para haber contratado hasta 1,700 millones, pero sólo se contrataron 700”.
Otro candado que establece la Ley de Disciplina Financiera para el Estado y sus Municipios es que deberá liquidarse en su totalidad como plazo límite tres meses antes de concluir la gestión; “el crédito fue contratado para pagarse a más tardar el 25 de abril de este año, por lo que también se cumple con este requisito”.
Explicó además que la Secretaría de Finanzas formuló una invitación a tres instituciones bancarias, Banorte, Banco del Bajío y HSBC, siendo este último el que ofreció la tasa más baja con la TIIE más 0.18 puntos, lo que representa en términos generales un financiamiento por hasta 6.43% global, “tasa muy competitiva porque los bancos consideran factores como eficiencia en la recaudación de impuestos, solidez en el sistema de pensiones, entre otros aspectos que vuelven más accesible el crédito al Gobierno Estatal”.
Sostuvo que las finanzas del Gobierno del Estado no están quebradas, que tiene recursos y éstos están en el Fondo de Estabilización; “tiene más de 1,000 millones de pesos, pero por ley se podrán disponer hasta el 1 de abril próximo, no antes”, debido a que sus reglas de operación así lo determinan.
Se consideró acceder al crédito de corto plazo para hacer frente a compromisos sobre todo en proyectos prioritarios, y ese préstamo quedará liquidado a más tardar el 25 de abril o incluso antes.
Sin embargo, ninguno de los dos funcionarios explicó las razones por las que este financiamiento de corto plazo se mantuvo oculto prácticamente desde el 26 de enero hasta el 14 de marzo, fecha en la que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, además dentro del reporte del estado de la deuda. Al respecto no hubo comentarios.
Carlos Gutiérrez
