México, 27 oct (EFE).- La secretaria de la Función Pública de México, Irma Eréndira Sandoval, aseguró este martes en la Cámara de Diputados que en los dos años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han impuesto más de 5.000 sanciones por corrupción contra funcionarios.
«Hemos impuesto más de 5.000 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan más de 1.500 inhabilitaciones, casi 1.000 suspensiones, más de 900 amonestaciones públicas, más de 800 amonestaciones privadas, casi 400 sanciones económicas y 282 destituciones», detalló ante los diputados.
Dijo que a diferencia de otros tiempos «cuando los altos funcionarios se iban tranquilamente a sus casas a disfrutar el botín que le habían arrebatado al pueblo», este Gobierno ha sancionado a funcionarios de los más altos niveles.
Señaló que esas sanciones «se han dictado sin importar el nivel jerárquico o las conexiones políticas de los involucrados», como exsecretarios de Estado y exgobernadores, «quienes ya enfrentan procesos judiciales y administrativos».
Durante su comparecencia como parte del segundo informe de Gobierno del presidente López Obrador, la funcionaria recordó que entre los sancionados están la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya y el exdirector de la filial Pemex Fertilizantes Edgar Torres.
Todos ellos ejercieron durante el anterior Gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Sandoval dijo que estos exfuncionarios «han recibido la sanción más alta posible» y que la actual Administración «no ha protegido a nadie»
También señaló que se ha sancionado a 321 empresas proveedoras del Gobierno con multas que ascienden a más de 1.500 millones de pesos (unos 71,3 millones de dólares) y que se han presentado 513 denuncias penales por corrupción, el doble de las que se presentaron en la Administración anterior.
CORRUPCIÓN DURANTE LA PANDEMIA
Ante la pandemia de covid-19, dijo que se han supervisado más de 3.300 procesos de contratación en el sector sanitario por más de 9.500 millones de pesos (unos 451 millones de dólares) «para impedir que la emergencia sanitaria sirva para encubrir desfalcos».
El pasado julio, la Secretaría de la Función Pública sancionó a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, director de la eléctrica pública mexicana (CFE), por vender al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respiradores a sobrecosto.
Durante su intervención, Sandoval defendió la polémica supresión la semana pasada de 109 fideicomisos públicos dedicados a emergencias, ciencia y protección a los derechos humanos, como parte del combate a la corrupción.
Explicó que al cierre de 2019 se registraban 338 fideicomisos sin estructura, con disponibilidades por más de 740.000 millones de pesos (3.520 millones de dólares) equivalentes al 22 % del presupuesto federal
En respuesta, la diputada Josefina Salazar Báez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), denunció que el actual Gobierno es reacio al control democrático, y en dos años de gestión «no hay avance en materia de combate a la corrupción y ya no hay mayor expectativa al respecto».
