Urbaneros castigados denunciaron hostigamiento del Gobierno para tratar de cobrarse a la malagueña y quedarse con los camiones chinos que fueron inhabilitados desde agosto del año pasado, al amparo del supuesto incumplimiento de pago de los presuntos créditos para la compra de las nuevas unidades.
“Me están lloviendo demandas de pago por todos lados y de todo”, manifestó el presidente de la Línea Express, Javier Carranza Ochoa, tras denunciar acoso de las autoridades en represalia por no haber cedido a la pretensión de entregarle a la empresa ADO la operación del transporte urbano y por las demandas que se presentaron y que están en proceso en los tribunales, tras la decisión unilateral que tomó el Gobierno a través de la Coordinadora de Movilidad para inhabilitar las unidades del transporte urbano de esa compañía, incluyendo un grupo de camiones de procedencia china.
Sostuvo que son alrededor de 10 las demandas que se han presentado en contra de los camioneros que se opusieron a cederle el manejo del transporte a la referida empresa foránea y en las que se está requiriendo por parte de SIFIA el pago de lo que ellos manejan como crédito, cuando se trató como un programa de financiamiento para apoyar la compra de los camiones chinos y la modernización del servicio.
“Para nosotros fue un programa de financiamiento, pero ahora nos lo quieren cobrar y con intereses elevados, por lo que está más que claro que se trata de una medida de presión para terminar de tronarnos y para tratar de quedarse con los camiones; me están acorralando”, advirtió el presidente de la Línea Express.
En ese sentido y tras mencionar que sigue su curso legal la demanda de amparo que se presentó ante los tribunales federales en contra de las decisiones tomadas en contra de los socios de la empresa camionera, el permisionario señaló que no se cederá al hostigamiento de parte del Gobierno a través de SIFIA, toda vez que en los contratos que se firmaron está especificado claramente que se trata de un programa de financiamiento en apoyo a la compra de los camiones chinos y no de un crédito como tal.
“Me están cobrando un crédito que yo no solicite, pero sé cuál es la intención que hay detrás de estas medidas y no voy a ceder, sino que seguiré luchando en el terreno legal por la afectación a mis derechos y mi patrimonio al no permitirme trabajar”, concluyó.
