Un hito en la salud pública de Aguascalientes
La realización de una vaginoplastía a una mujer trans en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes representa un acontecimiento sin precedentes. Este hecho ha sido catalogado como un parteaguas fundamental en la garantía de los derechos sanitarios de este sector poblacional, abriendo la puerta para que más personas puedan acceder a estos procedimientos mediante la vía legal.
Al respecto, Susan Rodríguez, fundadora de la Red Hidrocálida de Personas Trans, señaló que tras este logro continuarán surgiendo amparos similares, aunque advirtió que el siguiente gran desafío es lograr que este tipo de intervenciones también se garanticen dentro del sector público del Estado.
“Es favorable que se haya hecho una apertura en Aguascalientes, sabiendo que somos un lugar en donde no pasa nada y una sociedad muy conservadora, pero también se tiene un fuerte rezago en derechos humanos”, consideró la activista.
El impacto en las instituciones de salud y los retos locales
Con este precedente legal, las instancias de salud pública se encuentran en una posición donde ya no pueden justificar la negativa de cirugías de reasignación ni la entrega de medicamentos especializados. Para la fundadora de la Red Hidrocálida, este avance es el resultado directo de la lucha constante de las personas que exigen una atención médica digna e incluyente.
No obstante, la activista lanzó duras críticas hacia el sistema de salud a nivel estatal. Señaló que ni en el IMSS ni en el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) los servidores públicos han comprendido a cabalidad que el acceso a la salud es un derecho universal para todas las personas, lamentando profundamente que la comunidad trans continúe sufriendo actos de discriminación en estas instituciones.
Protocolos médicos para la hormonización y cirugías
En cuanto al proceso de hormonización, Susan Rodríguez explicó que es indispensable seguir un protocolo riguroso supervisado por un especialista médico.
“Pero si cuentas con Seguro Social, pues tienes el acceso a ese derecho, aunque no se encuentre en la Ley de Salud, pero estas ya se deben ir adecuando”, apuntó.
La especialista insistió firmemente en que las instituciones de salud gubernamentales tienen la obligación de otorgar la atención médica. Asimismo, aclaró que corresponde exclusivamente al especialista calificado evaluar y determinar si una persona cumple con los requisitos clínicos para ser candidata tanto a la hormonización como a la cirugía de modificación de los órganos sexuales pélvicos.
Un proceso integral y de alto costo en el sector privado
Durante su postura, la activista enfatizó que la reasignación de sexo genérica es un proceso amplio y multidisciplinario que va mucho más allá de una intervención quirúrgica. Abarca transformaciones de índole física, visual, emocional y legal, integrando un conjunto complejo de dimensiones en la vida de quien lo solicita.
Hasta antes de este tipo de resoluciones jurídicas, las personas que deseaban someterse a esta operación se veían obligadas a financiarla de manera exclusiva en el sector privado. En dichos espacios, los costos suelen oscilar entre los 300 y los 500 mil pesos, una cifra sumamente restrictiva a la que se suma la escasez de médicos especialistas capacitados para realizarla, volviéndola prácticamente inaccesible para la mayoría.
Finalmente, Rodríguez recordó que este tipo de procedimientos quirúrgicos representan un soporte crucial para el bienestar emocional y la salud mental de los pacientes.
“Imagínate yo con unos senos que me hagan sentir plena; sería de lujo”, concluyó.
