El general Sergio Alberto Martínez Castuera, quien fuera secretario de Seguridad Pública del Estado al arranque de la Administración del gobernador Martín Orozco Sandoval, se encuentra en el ojo del huracán al estar sujeto a una serie de investigaciones que involucra a una serie de funcionarios federales de Migración y de las cárceles federales, por su presunta participación en la asignación de obras carcelarias a empresas con supuestos antecedentes negativos.
De la misma manera, según se explica en información difundida por la revista Proceso, Martínez Castuera, quien en la actualidad funge como coordinador de Centros Penales Federales, está imputado por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades en la causa penal que busca sancionar presuntas anomalías en los contratos entregados a la Iniciativa Privada para la construcción y operación de ocho prisiones federales.
Sobre los hechos por los que se investiga al ex-titular de Seguridad Pública del Estado, así como a otros funcionarios federales de alto rango, tanto del Instituto Nacional de Migración (INAMI) como de la propia Coordinación de Centros Penales Federales, se menciona que los contratos entregados por Migración a una empresa asentada en Torreón, cuyas obras han sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, fueron avalados por el director general de Coordinación de Oficinas de Representación del INAMI, Héctor Leoncio Martínez Castuera (hermano de Sergio Alberto), cargo que equivale a coordinador de delegaciones migratorias en todo el país.
Se precisa, además, que “Martínez Castuera es el mismo funcionario que enfrenta una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por presunto nepotismo, debido a que su hermano Sergio Alberto Martínez Castuera y su sobrina Ariadna Iraís Martínez Castuera Arroyo, también trabajan en el gobierno de López Obrador”.
Según lo que se precisa en la nota publicada en el número reciente de la revista de circulación nacional, los funcionarios que están sujetos a investigación entregaron sin licitación dos contratos y un convenio por más de 632 millones de pesos a una empresa de nombre Constructora Mayrán de San Pedro, misma que está señalada por la Auditoría Superior de la Federación por anomalías en sus obras; “por si fuera poco, los contratos en cuestión fueron avalados por Héctor Martínez Castuera, funcionario del INAMI que enfrenta una denuncia por nepotismo ante la Secretaría de la Función Pública”.
