El Gobierno de Aguascalientes, por conducto del Instituto de Salud, suministró el desparasitante Ivermectina a poco más de cinco mil personas en la Entidad, a pesar que desde el 6 de julio de 2020 la propia Secretaría de Salud federal desaconsejó su aplicación por no tener ni un solo fundamento médico o científico que avalara su ingesta para tratamiento de los síntomas del SARS-COV-2.
El argumento esgrimido por el secretario de Salud de Aguascalientes para justificar el uso del medicamento fue que en las fases primarias de la pandemia “no se conocía muy bien el tratamiento posible para esta enfermedad y por ello fue que se suministró a pacientes con Covid 19”; sin embargo, HIDROCÁLIDO tiene en su poder el documento denominado “Recomendaciones para el tratamiento de la infección por SARS-COV-2, agente causal de Covid 19”, emitido por el Gobierno de México el pasado 6 de julio del 2020, en el que el punto siete del mismo, en su página cuatro, especifica con toda claridad que “no se recomienda el uso de los siguientes medicamentos: Arbidol, Oseltamivir, Ivermectina, Azitromicina, Nitazoxanida, Factor de Transferencia, Colchicina, Antioxidantes, Nanomoléculas de cítricos, Dióxido de Cloro. Tampoco se recomienda el uso de inmunoglobulina intravenosa ni de interferones”.
Esto significa que desde el mismo inicio de la pandemia en México, y en específico en Aguascalientes, ya se contaba con lineamientos oficiales que no respaldaban el uso de este fármaco para el tratamiento del Covid 19, y aun así el ISSEA y el Gobierno del Estado hicieron caso omiso de esta recomendación, adquiriendo suficientes lotes como para proporcionarle el medicamento a poco más de cinco mil pacientes en Aguascalientes sin tener siquiera la más mínima idea de los posibles efectos secundarios que podría causarles su uso.
De hecho, el propio secretario de Salud, el doctor Miguel Ángel Piza, reconoció que se dejó de administrar la Ivermectina a pacientes contagiados por el SARS-COV-2 hasta que la OMS y la propia COFEPRIS hicieron un enérgico llamado para detener el suministro de este compuesto medicinal a los enfermos, reconociendo de forma tácita e implícita que la Administración de Martín Orozco Sandoval hizo caso omiso de la recomendación de julio del 2020, poniendo en riesgo a miles de personas.
