“Servirse de un cargo público para
enriquecimiento personal resulta no
ya inmoral, sino criminal y abominable”.
CICERÓN
El viernes 20 de agosto, la abogada Griselda González Morales, vocera general del Gobierno del Estado de Aguascalientes, acudió al programa radiofónico ‘La Mesa de la Verdad’, segmento del noticiario que conduce el periodista José Luis Morales en Infolínea. La vocera acudió a ejercer un derecho de réplica respecto a los comentarios de los cuatros participantes del segmento de opinión (José Luis Morales, Mario César Macías, Carlos Gutiérrez y quien esto escribe).
Su elocuente participación versó en torno a las expresiones por nosotros vertidas en fecha anterior, respecto a la carpeta de investigación que se abrió el año pasado en contra de cuatro funcionarios del municipio de Aguascalientes, por la compra irregular de luminarias por un monto de 130 millones de pesos, adquisición que señala, tiene un sobrecosto del 60%, según el denunciante, un empresario del ramo local. Dijo que apoyada en la declaración del fiscal es que puntualizaba los datos. Ella manifestó que la amistad del gobernador Martín Orozco con el empresario quejoso no es fuente de la denuncia, que la querella no fue auspiciada o alentada por el gobernador y que el mandatario no tiene campaña alguna para dañar la imagen de la presidenta municipal Tere Jiménez. La abogada que mostró temple, expuso sus argumentos en el marco de su derecho y respetuosamente aceptó los comentarios de cada uno de los presentes, ejercicio que constituye un primer paso hacia la construcción de un puente de diálogo con un Gobierno que, en mi particular caso, se ha negado a él.
Solicitó apegarnos a la trascendencia del hecho, ‘combate a la corrupción’, y pidió informar a la ciudadanía con objetividad y basados en documental, no en opiniones personales. Es su particular punto de vista, los tres diferimos en ese momento de su opinión.
Hoy, con el mismo respeto con el que la señora abogada se dirigió a los integrantes de la mesa, me permito solicitarle nos informe –si está en su interés y alcance- sobre una carpeta de investigación tan relevante como la que comentó y defendió el día viernes. Me refiero a la carpeta identificada con el numeral asignado por la Fiscalía como la CI/AGS/00153/01-18 por ‘Ejercicio Indebido del Servicio Público y/o lo que Resulte en Perjuicio del Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes’, investigación en manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de dos funcionarios del Inagua, dependencia perteneciente al Gobierno del Estado de Aguascalientes en el sexenio de Carlos Lozano de la Torre, expediente que tiene tres años y ocho meses sin conclusión alguna, diferente a la carpeta que la señora González Morales defendió, y que en un año fue judicializada. Espero que en esta muestre el mismo énfasis de preocupación.
Recuerdo porque estuve en la entrevista en diciembre del año 2016, que Martín Orozco -a días de haber asumido su mandato- manifestó que investigaría y castigaría los actos de corrupción del sexenio del exgobernador Lozano, del que se señalaban y atribuían presuntos actos de corrupción. No se trataba de una cacería de brujas, era la respuesta a una demanda ciudadana expresada en las reuniones que tuvo en su calidad de candidato con diversos sectores de la sociedad.
La carpeta a la que hago mención establece que los entonces funcionarios del Ina-gua ahora denunciados, entregaron en comodato a un particular, un equipo de perforación marca IDECO modelo 3000 propiedad del Inagua. El particular beneficiado ya con la perforadora en su poder, recibió del Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes (Inagua) 11 contratos de obra pública en total (10-N4-2012-03, 10-N16-2012-16, LO-2013-E7, INA-2013-N43, INA-2013-N17, INAGUA-2015-E11, LO-2013-N42, IO-2014-N42, INAGUA-2014-E10, LO-2014-N10 e INAGUA 2015-E18). Es decir, realizaba los trabajos de perforación de pozos con la máquina que le fue prestada, por lo que la asignación de los contratos muestra una presunta colusión para cometer una conducta ilícita, con la finalidad de obtener un beneficio propio en perjuicio de las arcas públicas de los aguascalentenses.
La denuncia fue presentada por el ingeniero Manuel Ortiz Pérez, en su calidad de director general del Instituto del Agua del Estado, ante la Fiscalía estatal, entonces al mando de René Urrutia de la Vega, en contra del entonces director general y el asesor técnico. Por cierto, la licenciada Griselda González fungió en aquella época como encargada de despacho de la Dirección Jurídica del Inagua, justo cuando se corrían las investigaciones que dieron origen a la carpeta de investigación.
Al parecer este caso de combate a la corrupción no le interesa al Gobierno del Estado.
Pero aún hay más, como diría el presentador de un maratónico programa de entretenimiento televisivo dominical, uno de los denunciados y señalado en la carpeta de investigación del Inagua, también se encontraba sujeto a una investigación por parte de la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias, dependiente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, por la adjudicación indebida por parte del Inagua, del contrato de obra a la empresa Operadora de Ecosistemas S.A. de C.V., por un monto de 626’698,258 pesos con 98 centavos, por la ‘Reingeniería y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad, tercera etapa’. El indiciado por la Sefirecu fue notificado de la investigación que se llevaba a cabo bajo la Carpeta de Investigación 01/107, y citado a declarar el día 15 de noviembre del año 2017. A la fecha no se sabe nada del asunto y no existe al parecer interés por hacer público el expediente de presunto combate a la corrupción.
Aquí mostré dos botones de muestra por los que no existe por parte del Gobierno del Estado mayor interés en el combate a la corrupción, por lo que la preocupación mostrada en la casa del vecino, huele, en mi opinión, a un tema político.
