A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas”. BENITO JUÁREZ
Andrés Manuel López Obrador arrancó su gobierno prometiendo que no haría una cacería de brujas. “Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie —declaró en su discurso inaugural en San Lázaro—, no apostamos al circo y a la simulación”. La venganza no es su fuerte, dijo, sino “el perdón y la indulgencia”.
La justicia, sin embargo, no puede repartir perdones a discreción. Tiene reglas que deben aplicarse de manera obligatoria a todos. Por eso se creó una Fiscalía General de la República autónoma, en una reforma que empezó en 2016 y concluyó en 2018. El Presidente no puede ya ordenar justicia y gracia a los amigos, mientras aplica la ley a secas a los enemigos. Procurar e impartir justicia son hoy tareas separadas de la de gobernar.
A Emilio Lozoya se le acusa de cohecho, uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Los sobornos procederían tanto de Odebrecht como de AHMSA, en este último caso para la compra de Agro Nitrogenados por Pemex. Las otras dos acusaciones se desprenden del cohecho. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita no serían ilegales si los recursos son lícitos. La asociación delictuosa, que en algún momento significó formar parte de una banda del crimen organizado, hoy es cualquier delito que implique la colaboración de tres personas o más.
En su intento por convertirse en testigo colaborador y recibir beneficios, Lozoya ha presentado una denuncia de hechos en que culpa a sus ex-jefes, el ex-presidente Enrique Peña Nieto y el ex-secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado usar varios cientos de millones de pesos para sobornar a legisladores y a otros políticos con el propósito de aprobar las reformas estructurales. La denuncia de Lozoya va acompañada de un video y de recibos.
La FGR no puede descartar la denuncia con el argumento de que el presidente López Obrador prometió no perseguir a sus predecesores. Por ley está obligada a darle seguimiento, a citar a los presuntos involucrados y a indagar más a fondo. Tanto Peña Nieto como Videgaray tendrán que declarar, ya es inevitable. Aun cuando nieguen las afirmaciones de Lozoya, si hay indicios o pruebas tendrán que ser procesados también.
López Obrador fue electo por una sociedad molesta con la corrupción de los gobiernos anteriores. Aunque el Presidente no quiera en lo personal exigir cuentas a los dos más importantes miembros del Gobierno anterior, la justicia no puede ni debe detenerse. Los señalados deben tener oportunidad de defenderse. Es absolutamente inaceptable que el Presidente diga que hará una consulta popular para ver si deben ser juzgados. Una consulta así sería un verdadero linchamiento y despojaría a los indiciados de la posibilidad de defenderse. Pero la sociedad también tiene derecho a exigir justicia.
Al final, la Fiscalía autónoma, parte crucial de las reformas del sistema de justicia que empezaron en el sexenio de Peña Nieto y concluyeron con AMLO, evitará la situación de pasar por un linchamiento o por un perdón político. La justicia debe aplicarse a todos, incluso a un ex-presidente. López Obrador fue electo por una sociedad cansada de la corrupción. Hoy le toca a un sistema de justicia creado para evitar estos abusos demostrar que realmente puede aplicar la justicia a secas, tanto a los amigos como a los enemigos del Presidente.
ES LA INDUSTRIA
Magaly López Domínguez, la diputada que promovió en Oaxaca la prohibición de refrescos y alimentos de alto contenido calórico a los niños, aclaró indignada en redes que es falso que se aplique a dulces regionales, panes, tejate, tlayudas, chicharrines, bolis, nieves o cualquier producto no empaquetado o industrializado sin importar su contenido calórico. Así demuestra que el propósito no es salvaguardar la salud sino atacar a la industria.
Twitter: @SergioSarmiento
