Madrid, 7 oct (EFE).- Las actividades mineras en la cuenca amazónica vierten químicos tóxicos a más de 30 ríos en la Amazonía, ocupan más del 20 % de territorios indígenas y ponen en peligro ecosistemas críticos por la creciente deforestación, según revela un informe difundido por la organización World Resources Institute.
Este nuevo informe técnico «Undermining Rights: Indigenous Lands and Mining in the Amazon» (Socavando los derechos: las tierras indígenas y la minería en la Amazonía) ha sido difundido este miércoles por World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
Según el análisis legal realizado en el territorio de seis países amazónicos que controlan más del 90 % de la cuenca del Amazonas (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú) «las legislaciones y normativas nacionales suelen favorecer a las empresas antes que a los Pueblos Indígenas».
El documento recoge, por primera vez, una «dimensión completa» de las concesiones de minería a gran escala y de la minería ilegal en una superficie de 450.000 de territorios indígenas de la selva amazónica.
«En todo el Amazonas, los territorios indígenas sufren el asedio de la minería, tanto legal como ilegal, y estas actividades están deteriorando la capacidad de las comunidades para protegerse, prevenir la deforestación y cuidar ecosistemas esenciales para el bienestar del planeta», asegura el director de la Iniciativa de Derechos sobre la Tierra y los Recursos en WRI y coautor del informe, Peter Viet.
La minería es una «amenaza» cada vez mayor para los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo, ante la demanda cada vez creciente de minerales, que pone en peligro por sus impactos a 1.131 territorios indígenas de la cuenca amazónica, según WRI.
Al menos 370 territorios indígenas, muchos de estos en Brasil, sufren el impacto de la minería ilegal, actividad que contamina con químicos tóxicos como el mercurio en unos 30 ríos del Amazonas, dice el estudio.
Los datos revelan, asimismo, que entre 2000 y 2015, las tierras indígenas donde se desarrollan estas actividades sufrieron mayor índice de deforestación.
Asimismo, señalan que en Bolivia, Ecuador y Perú, la pérdida de cubierta forestal fue al menos tres veces mayor en los territorios indígenas con operaciones mineras -tanto legales como ilegales- que en el resto; y de una a dos veces mayor en Colombia y Venezuela.
La consultora legal internacional y coautora del artículo, Patricia Quijano Vallejos, sostiene que «los gobiernos son propietarios de los recursos minerales o los controlan, por lo que los Pueblos Indígenas no pueden prohibir la entrada a mineros con permisos gubernamentales ni tampoco acceder plenamente a los minerales de sus territorios».
Sin embargo, la investigación descubrió que «si bien todos los países del Amazonas conceden ciertas protecciones legales importantes a los Pueblos Indígenas, tales protecciones suelen aplicarse de forma débil o desigual».
Además, del daño medioambiental y una «débil supervisión gubernamental» de las actividades mineras se producen conflictos con los defensores ambientales.
Diez países latinoamericanos figuran en la lista de la organización Global Witness sobre defensores asesinados en 2019, encabazado por Colombia con 64, seguidos por Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12), Venezuela (8), India (6), Nicaragua (5) y Perú, Bolivia y Costa Rica, con 1 respectivamente.
El representante de la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana y es el coordinador de derechos humanos de COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca), Michael McGarrell, señala que a pesar del rechazo de un pueblo a determinado proyecto minero, «el ministro puede decir que sí».
El informe ofrece una serie de soluciones como: incrementar la protección a los pueblos indígenas, elaboración de legislación que persiga la protección o supervisar las operaciones mineras en tierras indígenas e identificar las actividades ilegales.
