“La corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda lo son hoy”. MAHATMA GANDHI
Como en todos los demás casos en que impulsa medidas controvertidas, incluso ilegales, el presidente López Obrador afirma que lo hace para combatir la corrupción. “En esos actos de corrupción —declaró ayer— se dio la preferencia a estas empresas de generación de energías limpias en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo”.
El mandatario anunció que va a pelear contra las suspensiones de los acuerdos de su gobierno que buscan frenar la generación de energías limpias por empresas privadas. “No es posible que estamos pasando por un mal momento económico todos y quieran seguir medrando como si nada pasara. La corrupción no se debe permitir en ningún momento y menos ahora”.
No hay, sin embargo, visos de corrupción en los contratos de energías limpias. Las reglas son claras y justas. Se invitó a empresarios a invertir en plantas de nuevas tecnologías con la promesa de que la electricidad de menor precio se despacharía primero. Esto genera incentivos para aumentar la productividad y bajar el precio.
El Gobierno, sin embargo, quiere cambiar post facto las reglas. Ordena que se compre primero la producción de la Comisión Federal de Electricidad, que no sólo es más cara sino mucho más contaminante, y a los nuevos generadores ni siquiera les permite realizar las pruebas preoperativas para ofrecer electricidad en el mercado. El Presidente, sin embargo, se queja: hasta “los periódicos más famosos del extranjero” dicen que “vamos a estatizar. No, lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción”.
No es que los proveedores independientes de energías limpias fueran una amenaza para la CFE. Al 30 de junio de 2018, la capacidad instalada de energía eólica representaba 5.74 por ciento del sistema; la fotovoltaica, o solar, 2.16 por ciento. La Comisión, por otra parte, mantiene el monopolio de la transmisión y la distribución al consumidor final no industrial. El resquicio en el que entra la competencia es pequeño, pero ni siquiera esto es aceptable para un gobierno que quiere estatizar todo el sistema.
El acuerdo del 15 de mayo concentra todo el poder en la Secretaría de Energía. Un productor independiente no puede ya simplemente cumplir con las reglas y entrar a competir. La Sener decidirá si le permite generar o interconectarse, pero además puede cambiar después las reglas a discreción. De hecho, esto es lo que está haciendo con los 44 proyectos que ya se encontraban en pruebas preoperativas y que hoy, para el Gobierno, tendrían que tirarse a la basura. La Sener quiere aprovechar el combustóleo —ya prohibido en todo el mundo, incluso en alta mar, y que obtiene de las anticuadas refinerías de Pemex— para seguir generando electricidad.
Lo peor es que la CFE no tiene ni siquiera los recursos necesarios para invertir en la modernización de las partes del negocio en que conserva el monopolio. Las redes de transmisión y distribución están obsoletas; pero en lugar de mejorarlas, el Gobierno quiere sumar la generación al monopolio de la CFE.
La nueva política energética no tiene nada que ver con la corrupción. El Gobierno no ha presentado una sola prueba de algún acto indebido. Es una excusa para regresar al monopolio total que la CFE tenía en los tiempos del viejo PRI. Poco importa condenar a los mexicanos a pagar más por una electricidad más contaminante.
FELICES
Aunque en campaña prometió duplicar el crecimiento, hoy el Presidente prefiere descartarlo. Pero no hay que preocuparse. Él mismo está trabajando en “un índice alternativo” que considerará, además del crecimiento, el bienestar y la desigualdad. Seguro ofrecerá resultados más felices que los que hoy tenemos.
Twitter: @SergioSarmiento
