México, 12 may (EFE).- La violencia e inseguridad en México se ha convertido en tal amenaza que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha visto obligado a movilizar de nuevo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen y el narcotráfico.
«La situación de seguridad pública en México es ya un asunto de Seguridad Nacional», señaló a Efe María de Haas, especialista en Seguridad Nacional después de que en 2019 se registrasen 35.000 homicidios y cifras récord de criminalidad durante 2020.
«La gravedad con la que el crimen organizado somete a la población y pone en riesgo la viabilidad del Estado de Derecho» es de tal magnitud, según Hass, que López Obrador no ha tenido más remedio que adoptar una medida a la que se opuso cuando estaba en la oposición.
El decreto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y garantiza a las Fuerzas Armadas labores de seguridad pública hasta marzo de 2024 de manera complementaria a la Guardia Nacional, creada hace un año y que sigue en construcción.
En definitiva, López Obrador «tiene la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas» para atender la amenaza a la población», dijo De Haas, historiadora y especialista en Política y Seguridad Internacional de la Universidad Anáhuac de México.
Agregó que el presidente de México recurre a la Fuerzas Armadas «no porque sea una solución sencilla sino porque es una decisión necesaria», lo que coincide con la estrategia de militarización del presidente Felipe Calderón (2006-2012) que López Obrador criticó con dureza.
Haas explicó que con ello se responde a la problemática de los gobiernos locales y municipales «que deben atender los problemas de seguridad pública y no están interesados en hacerlo» y en algunos casos «son omisos ante esa responsabilidad».
UN DECRETO SIN SORPRESA
Para evitar que el Ejército se implicase en la lucha contra el crimen organizado, López Obrador puso en marcha el 26 de marzo de 2019 la Guardia Nacional integrada por agentes de la Policía Militar, de Marina y de la extinta Policía Federal.
Para Javier Oliva, experto en seguridad, el decreto «no es ninguna sorpresa» porque forma parte del proceso de normalización jurídica de la Guardia Nacional «y de las facultades del presidente en su calidad de Comandante Supremo de la fuerzas Armadas».
Recordó que desde Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) «todos los presidentes, independientemente de su orientación partidista se han recargado en la Fuerzas Armadas para mitigar el problema de la inseguridad».
Consideró que los opositores de López Obrador intentan aprovechar el contexto de la pandemia, ahora en la fase de máximo contagio, para criticar la decisión y exponer todo tipo teorías de la conspiración.
«Algunos dicen que se aprovechan del confinamiento de los ciudadanos para otorgar más facultades a las Fuerzas Armadas, pero es falso», dijo Oliva y apuntó que el decreto «es una secuencia de la normalización de las actividades de la Guardia Nacional».
A manera de ejemplo, mencionó que ante la emergencia sanitaria, agentes de la Marina patrullan desde hace dos semanas en la Ciudad de México, cubriendo bajas de la Policía capitalina «y ahora se dicen sorprendidos».
El también investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expuso que para él es un «decreto presidencial consecuente».
PREOCUPAN LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO.
Aunque en el decreto «no hay novedad porque ya estaba previsto», para Santiago Aguirre, director del prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, «lo que ha generado preocupación son los términos».
Dijo que el acuerdo «profundiza la militarización del país» y ratifica que «la apuesta central» de la actual administración en cuanto a su política de seguridad «es seguir haciendo al Ejército y la Marina, hasta marzo de 2024, los protagonistas de la seguridad pública, no la Guardia Nacional, sino las Fuerzas Armadas».
Aguirre dijo que esa labor «puede derivar en nuevas violaciones a derechos humanos» como se ha producido en la historia reciente en México y en «un contexto donde difícilmente las Fuerzas Armadas rendirán cuentas» o serán fiscalizadas.
Añadió que el argumento de que es mejor que esté regulada la actuación de los militares, a que no esté, como sucedía en anteriores administraciones, no es válido ya que consideró que «flaquea con una regulación escueta e incompleta».
En ese sentido se expresó el Gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, porque existe «preocupación y diversas interpretaciones por la forma en que fue redactado» el decreto.
Dijo que lo que menos conviene, incluidas las Fuerzas Armadas «es volver a una incertidumbre jurídica».
Corral apuntó que son bienvenidas las Fuerzas Armadas como primer responsable en tareas de seguridad pública «como lo hacen actualmente» (…) el problema es que el acuerdo les deriva en esa complementariedad, otro tipo de atribuciones y facultades de investigación, detención, que no era el espíritu de la Reforma Constitucional que creó la Guardia Nacional».
El decreto otorga a los militares facultades de la Guardia Nacional como son la investigación para la prevención de delitos, llevar a cabo operaciones encubiertas o realizar análisis de información para la generación de inteligencia y se advirtió que debe respetar los Derechos humanos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció que requiere la actuación «de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la delincuencia» porque la Guardia Nacional «aún se encuentra en proceso de consolidación».
