La diputada del PRI, Lucía de León Ursúa, lamentó el caso en el que un maestro en el Estado de México decidió quitarse la vida luego de ser víctima de acusaciones infundadas de acoso sexual por parte de una alumna.

La legisladora, promotora de la conocida Ley Antichismes, que protege a docentes, directivos y personal administrativo de los planteles educativos frente a denuncias infundadas, amenazas y hostigamiento, señaló que esta ayudará en mucho a evitar ese tipo de situaciones tan penosas.

Manifestó que, en caso de que en Aguascalientes llegara a presentarse algo similar, la recomendación sería presentar de manera inmediata las denuncias ante las instituciones correspondientes, como pueden ser el Sindicato de Maestros, el IEA y, si es necesario, la Fiscalía del Estado.

“La reforma que impulsé es precisamente para impedir que se llegue a situaciones gravosas y sin pruebas, además de que no haya separación del cargo”, indicó la priista, tras señalar que este fue un paso muy importante y que Aguascalientes es el primer Estado en implementarla, por lo que puede marcar un precedente. Agregó que el pasado 13 de julio esta reforma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Sin embargo, consideró que es importante que existan avances en este tema en todos los estados, para lo cual mantiene una comunicación directa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de compartir cómo fue el proceso de elaboración y presentación de la iniciativa. “Nació dentro de un evento sindical en donde los maestros pedían ese tipo de apoyo”.

De León Ursúa aprovechó para hacer un llamado a la sociedad para que tome conciencia de que, a veces, con un comentario mal intencionado se le puede dañar la vida a otra persona y destruir familias. “No conozco exactamente qué sucedió con este maestro del Estado de México, pero es muy lamentable que, si se trató de una mentira, se haya llegado a estas consecuencias”.

Finalmente, recalcó que dicha ley también protege a la infancia ante cualquier manipulación, ya que se sancionará la utilización de menores de edad para inducirlos a realizar algún tipo de acoso u hostigamiento en contra de docentes, directivos o personal administrativo de las escuelas.