Ante la iniciativa de la Ley Antichismes contra los docentes, propuesta por la diputada del PRI, Lucía de León, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Juan Carlos Arredondo, señaló que cualquier reclamo o acusación por parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria, deberá de ser atendida y no vulnerar la justicia.

La llamada Ley Antichismes busca proteger a los profesionales de la educación y administración pública de acusaciones infundadas y desmedidas que puedan dañar su honor y carrera profesional. La propuesta legislativa ha generado un debate importante en la sociedad de Aguascalientes, debido al impacto que podría tener en el ámbito académico y en la resolución de conflictos internos dentro de las instituciones educativas del estado.

Atención obligatoria a señalamientos en la UAA

En este sentido el rector apuntó que con las nuevas interpretaciones que se dan en la ley se tienen que atender cualquier señalamiento pese a que no haya alguna evidencia de algún acoso o un insulto.

Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la recepción de denuncias representa un desafío constante que requiere protocolos claros y transparentes. La máxima casa de estudios busca garantizar que las dinámicas internas no se vean afectadas por rumores, manteniendo un canal de comunicación directo y regulado para toda la comunidad escolar.

Libertad de expresión y protección al profesorado

En este sentido manifestó que a algunos docentes se les llega a inventar situaciones por parte de alumnos o cualquier otro miembro de la comunidad educativa, por lo que es importante cuidar “el tema de la libertad de expresión, que a veces es mal utilizada”.

El rector manifestó que la Universidad Autónoma mantendrá una línea para la revisión cuidadosa de esos asuntos, para implementar la acciones correspondientes y siempre respetando los intereses de quien dice ser la víctima, tanto al que se señala como presunto victimario, ya que se deben cuidar los derechos de ambas partes.

“No podemos voltear la cara y decir que ante la falta de pruebas no se atenderá la petición”, indicó Juan Carlos Arredondo.

Sanciones y el alcance de la ley en Aguascalientes

La ley tiene el objetivo de ejercer una sanción por el uso de chismes y la difusión de información falsa que afecta la reputación de las personas, estas prácticas pueden ser castigadas hasta con tres años de cárcel.

Esta medida punitiva busca frenar la propagación malintencionada de datos que vulneran la integridad de los servidores públicos y académicos. En el contexto de Aguascalientes, la iniciativa impulsada por la diputada del PRI, Lucía de León, plantea un escenario donde la responsabilidad digital y personal adquieren un peso legal determinante.

El equilibrio entre la denuncia legítima y la difamación

Por último el titular de la máxima casa de estudios subrayó que el reto principal radica en encontrar un equilibrio que no desincentive la denuncia legítima. Si bien la normativa busca frenar la difamación y el daño moral, la institución deberá fortalecer sus protocolos internos para distinguir entre una calumnia y el testimonio de quien se siente vulnerado.

Y aclaró que la UAA deberá de mantener un escenario donde la justicia administrativa y penal converjan, asegurando que la Ley Antichismes sirva como un filtro para la verdad, sin callar las quejas y mantener un entorno universitario seguro.

La postura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes refleja la complejidad de aplicar normativas de carácter penal en el interior de los planteles educativos, donde la prioridad sigue siendo salvaguardar los derechos humanos, la legalidad y el respeto mutuo entre estudiantes, profesores y autoridades administrativas.