Una lucha de intereses entre grupos del crimen organizado y gobiernos son las que bloquean el esclarecimiento de los hechos, allá en el rancho Izaguirre, Teuchitlán, Jalisco, manifestó el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Edgar Guerra Blanco.
“Hay un montón de intereses que están entrecruzados, municipal, estatal, federal, de las fiscalías, las policías, grupos criminales o incluso personas de la población”, apuntó.
En este sentido, explicó que en el cruce de conflictos por sacar u ocultar la verdad, tuvieron lugar los hechos en donde de pronto se desaparece la evidencia, “eso no contribuye nada a la claridad y la búsqueda de la verdad”.
Asimismo, dijo que dicho fenómeno es un evento muy sintomático de lo que ha sucedido en los últimos 20 años en el país, de lo que se ha llamado como “la guerra contra las drogas”.
Tras este suceso atroz, las autoridades salen evidenciadas como participes por comisión u omisión en la situación, para lo que la ciudadanía debe seguir exigiendo que se aclare y dijo tener la esperanza de que no se repita lo que ha sucedido con Ayotzinapa.
Frente a dicha situación, el investigador consideró que la sociedad civil organizada ha jugado un papel trascendental histórico en México con respecto a las víctimas de crímenes atroces como la desaparición forzada.
Los colectivos de víctimas han realizado tres grandes contribuciones al país como la visibilización del tema, aunque ha estado presente en la historia del país desde hace más de 50 años, “existe una continuidad histórica en donde el estado mexicano está siempre presente, por comisión u omisión”, dijo.
Por último, apuntó que la segunda contribución que han hecho es la destigmatizar a las personas desaparecidas y la tercera es que ha fungido como una equivalente funcional del Estado al buscar y encontrar a las víctimas.
