La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, llamó a una coordinación interinstitucional y transversal para tener una respuesta real e inmediata, con el uso de tecnología, y prevenir o enfrentar los incendios forestales que, hoy en 73 eventos, arrasan 23 mil hectáreas en 20 entidades federativas, donde se incluyen siniestros en 16 áreas naturales protegidas, como el Nevado de Toluca; Maltrata, Veracruz, y en la Sepultura en Chiapas.
«De ninguna manera debemos considerar como algo natural que existan estos siniestros, por el solo hecho de que México ocupa el segundo lugar internacional en alertas por incendios forestales, como lo señala el Observador Global de Incendios Forestales; es nuestra obligación tomar acciones efectivas que los controlen o impidan», declaró.
A través de un comunicado de prensa, Guerra Castillo consideró como «imperante» que el Poder Ejecutivo Federal destine un fondo emergente que permita la utilización de recursos económicos, para adquirir herramientas e insumos y hacer frente a la crisis forestal que estamos viviendo en amplias zonas del país, tomando en cuenta que no todos los municipios cuentan con los medios para combatir los siniestros.
«Estos siniestros, que en su mayoría son provocados, han cobrado la vida de varios brigadistas y voluntarios, verdaderos héroes que combaten los incendios», recordó.
Por lo anterior, insistió en que «desde la Cámara de Diputados hacemos un llamado al Poder Ejecutivo Federal a ampliar la cobertura del Plan de Auxilio a la Población Civil, DNIII, para brindar una atención oportuna a las poblaciones afectadas y así evitar que sean los habitantes los que se vean obligados a enfrentar los incendios y tratar de apagarlos prácticamente con las manos».
Dijo que el daño agropecuario y forestal es muy alto: se pierde suelo y vegetación, destruye el hábitat de la fauna silvestre que incluso pierden la vida, se eliminan plantas que generan oxígeno, incrementa el efecto invernadero por la emisión de carbono, se muere el ganado y se devastan grandes volúmenes de madera que afecta la economía de los propietarios y las reservas forestales del país.
Guerra Castillo recordó que, para este año, el presupuesto para Protección Civil fue de 190 millones de pesos, 49 millones de pesos menos que el asignado en 2018, por lo que urge un cambio de estrategia y aquilatar el costo económico y de vidas humanas que estos siniestros significan.
En este sentido, la presidenta de la Cámara de Diputados destacó la importancia de contar con atlas de riesgos actualizados y generar políticas de gestión de riesgo, para salvaguardar la integridad física de las personas, reducir la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza.
