Después de que el último día de este mes de septiembre concluya su gestión como gobernador, Martín Orozco y su familia seguirán contando con protección oficial, pues para tal fin contará con un grupo de escoltas pagados con recursos públicos para que los cuiden en todo momento.
Esta disposición se extenderá también al caso de los once alcaldes y del fiscal general del Estado, una vez que concluyan con su encargo, de acuerdo a la decisión que se tomó en la mesa de seguridad, a propuesta del propio gobernador.
De esta manera y como “el miedo no anda en burro y por si las dudas”, funcionarios de Gobierno, legisladores y fuentes del Poder Judicial que pidieron el anonimato, coincidieron en que no sólo Martín Orozco y su familia, sino también algunas de sus propiedades, contarán con protección oficial por tiempo indefinido y hasta que dé muto propio se solicite el retiro del personal que se les asignará para su custodia.
Este “derecho” a contar con seguridad pagada completamente con recursos públicos, en esta ocasión también se extenderá a los alcaldes, al encargado de la procuración de justicia y en caso de que sea necesario también para algunas de las personas del primer círculo del gobernador saliente y que hayan colaborado con él en puestos de primer nivel y quienes por su labor puedan considerar que su seguridad personal pudiera estar en riesgo.
