Martín Orozco está en un callejón sin salida que lo llevará a prisión, pues ahora fueron exhibidas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador las marrullerías en las que ha incurrido y las complicidades de la jueza de control que lleva el sonado caso del “pepenador”, para evitar que el ex-gobernador de Aguascalientes y los demás actores respondan por la desaparición forzada (crimen).
Fue el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Luis Rodríguez Bucio, el encargado de llevar de nueva cuenta ante el Presidente de la República la torcida estrategia que siguió la jueza de control Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez para tratar de “proteger” a los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada del “pepenador” de nombre José Francisco “N”.
Torciendo la ley, la jueza, quien de hecho pidió ser relevada del caso apenas el pasado mes de agosto, pretendió reducir las penas que ya habían sido dictadas por otra autoridad, al parecer con la intención de cumplir con el cometido de evitar “involucrar” a Martín Orozco, René Carrillo, quien permanece en prisión, y otros involucrados (ex-escoltas y ex-agentes ministeriales).
En la mañanera de ayer martes, el subsecretario de Seguridad Pública Federal señaló, a propósito de este caso que involucra al ex-gobernador Martín Orozco y gente cercana a él, lo siguiente:
“Hay un antecedente de esta jueza (Beatriz Eugenia Álvarez), de su (mal) actuar. Es el caso de la desaparición forzada de José Francisco N, él era un recolector de basura en Aguascalientes que fue detenido en diciembre de 2018 por integrantes de la escolta del entonces gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, caso en el cual sostuvo criterios parciales que finalmente beneficiaron a los cuatro presuntos responsables de este delito.
El 17 de agosto de este año la jueza se excusó del caso.
Es la jueza de control en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez; ella en 23 resoluciones, en 4 ha declarado ilegal la detención, en 13 decidió no vincular a proceso y ha emitido 6 sentencias absolutorias.
En sus resoluciones, principalmente ha beneficiado a imputados por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que en procedimientos abreviados ha reducido las penas de prisión previamente aceptadas por los imputados.
“Tenemos un caso en el que dos personas que habían aceptado penas de prisión de 7 años 6 meses y 8 años 7 meses, la jueza, al dictar sentencia, les impuso 5 y 4 años de prisión, respectivamente. Esta resolución contraria a la ley fue impugnada y revocada por el tribunal de alzada, por lo que el caso está en revisión”.
Esta, que viene siendo la segunda ocasión en la que el caso del “pepenador” se expone a detalle en la “mañanera presidencial”, exhibe el mal proceder de quienes desde el poder pretendieron en su momento y aun en la actualidad con la complicidad de la jueza torcer la ley para librarse del castigo por el crimen que fue conocido y reprobado por la sociedad en general.
