El Colegio de Médicos de Aguascalientes sostuvo que será complicado dar cumplimiento a la práctica del aborto tras la despenalización ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues las mujeres que así lo decidan podrán solicitar la interrupción del embarazo, pero también los doctores tienen el derecho de decir no a esa acción por ir contra sus principios éticos, morales y profesionales.
“En este tema hay un conflicto de intereses o profesionales puesto que no cualquier médico podrá ser obligado por ley o por la institución en la que preste su servicio profesional a practicar los abortos”, expuso el doctor Guillermo Llamas Esperón al fijar la posición del organismo de los galenos en relación a la resolución que tomó la víspera la Corte de la Nación.
Indicó que más que consentir o promover la interrupción legal del embarazo, la decisión que tomaron los ministros está enfocada a que no se penalice el aborto, en el caso de las mujeres embarazadas que opten por esa decisión y de los doctores que se preste a realizarlos; sin duda, reconoció, es algo muy complicado que tiene muchas aristas y que debe ser regulado bien.
Empero, el doctor Llamas Esperón dijo de entrada que el aborto va en contra no sólo del juramento hipocrático al cual se deben los profesionales de la medicina, sino también de los principios éticos, morales e incluso religiosos, donde se sabe que la gran mayoría de los doctores, doctoras, gineco-obstetras y demás profesionales de la salud en general los aplican y profesan en su labor y como personas.
Por lo mismo, añadió que para la aplicación de la orden dada por los ministros debe haber reglas claras, pues así como las mujeres que decidan abortar estarán en su derecho de hacerlo, los médicos también estarán en su derecho personal y profesional de no prestarse a ese tipo de acciones que son contrarias a los principios bajo los cuales son formados los profesionales de la medicina.
“Este es un tema extremadamente complicado y sobre el cual se tendrá que trabajar en diferentes ámbitos, pues se tendrá que revisar y actualizar no sólo la legislación que regula la medicina, sino también los códigos penales y otras disposiciones más para no afectar los derechos de nadie”, puntualizó.
