La reciente negación de la canciller mexicana, Alicia Bárcena, sobre la búsqueda de un diálogo con Ecuador resalta la prioridad de México en la protección de sus intereses diplomáticos y nacionales, en lugar de la resolución de la controversia a través de negociaciones.
El miércoles, Bárcena afirmó que México no busca entablar un diálogo con Ecuador, contradiciendo reportes de prensa que sugerían lo contrario. En su cuenta de X, la canciller explicó que cualquier intento de diálogo quedó cancelado tras el asalto a la embajada mexicana en Quito y que el caso seguirá en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México señaló que la confusión en los medios surgió después de una entrevista de Bárcena con el periodista Leonardo Curzio. En dicha entrevista, la canciller mencionó la posibilidad de que un tercer país resguardara los bienes de la embajada mexicana en Ecuador, pero aclaró que esto no implica un papel de mediación entre ambas naciones. La controversia, reiteró, se resolverá en la CIJ.
Bárcena subrayó que la figura de un tercer país se limita a la protección de los intereses y nacionales mexicanos, no a la intermediación diplomática. Esta postura se alinea con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de recurrir a la CIJ para resolver el conflicto.
La negativa de México a reanudar el diálogo se produce casi dos meses después del asalto policial ecuatoriano a la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba protegido por México desde diciembre. Este evento desencadenó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países.
Aunque la CIJ rechazó las medidas cautelares solicitadas por México, reafirmó la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, lo que el Gobierno mexicano consideró una victoria parcial. Ecuador, por su parte, se ha mantenido firme en su postura de no negociar la entrega de Glas, mientras que López Obrador exige disculpas públicas y el respeto al derecho de asilo.
En resumen, la estrategia de México se centra en la protección de sus intereses diplomáticos y ciudadanos en Ecuador, utilizando la CIJ como el principal foro para resolver la controversia, en lugar de reanudar un diálogo directo con el gobierno ecuatoriano.
