México, 26 ago (EFE).- Las protestas y manifestaciones de los migrantes africanos afuera de la estación migratoria Siglo XXI en la ciudad de Tapachula, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, han puesto en jaque al Gobierno de México.
Mediante protestas pacíficas, los migrantes han denunciado desde hace una semana ante las autoridades mexicanas supuestos actos de corrupción por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), a quienes acusan retrasar la entrega de un permiso oficial que les puede facilitar cruzar el país.
«Los migrantes africanos tienen otros sistemas de organización para protestar y la manera en que lo hacen, con música y bailes, altera a las autoridades», contó este lunes a Efe Irineo Mujica, defensor de derechos humanos de personas migrantes e integrante de la organización Pueblo Sin Fronteras.
El activista, quien ha documentado y difundido información sobre las protestas, cree además que las autoridades «no entienden» a los migrantes y además existe una especie de racismo por su color de piel.
«Un problema es el del lenguaje algunos hablan inglés o francés y otros sus lenguas, son como siete u ocho lenguas. Es una comunidad más difícil de entender», apuntó.
Mujica cree que la presión de Estados Unidos para que no lleguen a la frontera norte es el mayor obstáculo que enfrentan los africanos ante las autoridades mexicanas y por ello el oficio de salida que les entregan es para que salgan por la frontera sur.
«El problema principal es que los migrantes africanos no tienen una salida, una solución, además no quieren que vayan a la frontera norte», insistió.
Mujica y su colega Cristóbal Sánchez son señalados de estar detrás de las protestas de migrantes africanos, algo que rechaza Pueblo Sin Fronteras.
Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo que su Gobierno está «cumpliendo el compromiso de ordenar la migración» en el país tras el acuerdo firmado con Estados Unidos el 7 de junio para evitar la imposición de aranceles.
Recordó que pronto habrá una reunión entre el Gobierno mexicano y el estadounidense y será en los primeros días del mes próximo ya que «el plazo» de evaluación termina el 10 de septiembre.
La migración aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.
A inicios de junio, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a todos los productos provenientes del segundo.
Como parte de este acuerdo, México envió a las fronteras norte y sur a la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo- y se contrató a más personal migratorio.
El 8 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos informó que las detenciones de indocumentados en la frontera con México cayeron cerca del 45 % tras dicho acuerdo.
