Martes, 6 de septiembre de 2022
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestó su rechazo a la eliminación de la prisión preventiva obligatoria, como lo propuso el ministro Luis María Aguilar Morales, en un proyecto de sentencia, y pasaron la votación a la sesión del próximo jueves.
Los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo se sumaron a sus homólogos, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán y Juan
Luis González Alcántara Carrancá, que ayer se pronunciaron contra esta posibilidad debido a que la Corte no le corresponde reformar la Carta Magna.
Los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar fueron los únicos que respaldaron el proyecto de Aguilar Morales.
«Está de por medio la supremacía constitucional y el único que puede reformar la Constitución es el Poder revisor de la Constitución, estaríamos asumiendo tareas que no nos corresponden», resumió Zaldívar.
Sin embargo, conforme a sus «convicciones», expresó su respaldo a la inaplicación de la medida cautelar al señalar que la prisión preventiva oficiosa en México tiene a miles de personas, principalmente los más pobres, en la cárcel.
«Marginados que no tienen quién los defienda y afecta de manera particular a las mujeres. Vayamos a las prisiones y díganme cuánta gente rica hay y vean cuánta gente pobre hay.
«Cuántas personas se les fabrican delitos o se les pone una agravante para que ya no puedan salir y se pasen 10, 12, 17, 20 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia», expresó.
Zaldívar consideró que la prisión preventiva oficiosa es una gran injusticia que padece el país todos los días: «Cuando visité Santa Martha ví a los ojos de las mujeres internas y entendí el dolor, sufrimiento y desesperación. Condenamos a la gente a los infiernos que son las cárceles mexicanas y les hacemos perder la esperanza sin que un juez haya valorado si hay elementos que justifiquen que deben estar en prisión, mientras se lleva a cabo su proceso».
Señaló que esta figura es contraria a los derechos humanos, por lo que, añadió, «no puedo aceptar que este sea el precio a pagar ni que sea la única manera de salvaguardar la seguridad de nuestro país, tenemos que ser más profesional y buscar un sistema penal digno, decente para las miles de personas que están indefensas ante el abuso, arbitrariedad que se sufre todos los días lamentablemente en todos los institutos de persecución de los delitos en todo el país».
«Por eso desde mi convicción más profunda, y siendo coherente y congruente, con lo que he votado a lo largo de 13 años en este tribunal constitucional, estoy con el proyecto con la salvedad que ya enuncié», añadió.
