México, 5 jun (EFE).- La calificadora Moody’s cambió este miércoles la perspectiva de México de estable a negativa al estimar que el país tendrá en el 2019 un «año difícil», en el que se espera que su crecimiento se desacelere al 1,5 % desde el 2 % de 2018.
Al anunciar un cambio en la perspectiva de México de estable a negativa de las calificaciones A3, la calificadora subrayó que el grado de predictibilidad y efectividad de las políticas económicas «se ha debilitado».
En un comunicado, Moody’s apuntó que los mensajes encontrados y anuncios de políticas inesperadas que luego se revierten «introducen incertidumbre y disminuyen la posibilidad de poder predecir las políticas» y afectan el sentir de inversionistas y las perspectivas de crecimiento.
La calificadora señaló que la «falta de articulación y ejecución clara de políticas está erosionando la credibilidad del programa económico» y que la falta de «coherencia en el marco de política económica ha menoscabado la confianza de los inversionistas».
En el 2018, se esperaba que la economía mexicana creciera a más de 2 % en 2019 y alrededor de 3 % a partir de 2020, pero ahora se prevé que la desaceleración de la actividad económica se extienda a 2020 y que el crecimiento se ubique alrededor del 1,8 %.
A futuro, el balance de riesgos se inclina a la baja al considerar factible que una menor inversión restrinja las perspectivas de crecimiento en los años siguientes, explicó.
Asimismo se espera que un menor crecimiento resulte en una erosión de la resiliencia de la economía mexicana, mermando con ello un factor clave que sustentaba la calidad crediticia soberana en años anteriores.
Moody’s explicó que hay preocupación en torno a la trayectoria de la deuda del Gobierno ante las perspectivas de un crecimiento débil para los años subsecuentes y el papel destacado que se ha dado a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el marco de la nueva política económica.
El mandato a Pemex, su precaria salud financiera y mayores dificultades de acceder a mercados de capital, sugieren que la necesidad de apoyo financiero del Gobierno a la empresa podría ser sustancial y significativo desde el punto de vista crediticio soberano, indicó la calificadora.
Para este año, el gobierno mexicano ha dicho que proporcionará a Pemex 7.000 millones de dólares, además de la transferencia de recursos del fondo de estabilización de ingresos petroleros, el canje de pagarés adeudados al soberano y una disminución de la carga fiscal.
Posiblemente esto llevaría al Gobierno a enfrentar dificultades para mantener una postura fiscal conservadora, al tiempo que se apoya a Pemex y se expanden programas sociales y el gasto en infraestructura pública.
La calificadora precisó que la perspectiva podría regresar a estable si se recupera la confianza en la habilidad del Gobierno para establecer e implementar políticas predecibles y podría ir a la baja ante la evidencia de que crecimiento a mediano plazo se encuentra en declive.
