Los Ángeles, 4 ene (EFEUSA).- Opositores de la Ley Santuario de California esperan que el impacto causado por el homicidio de un policía de la ciudad de Newman cometido supuestamente por un indocumentado les ayude a derogar esta medida que desde 2018 limita la colaboración entre las autoridades locales y las migratorias.
«Estamos haciendo un llamado de consciencia para que se entienda que debemos asumir la responsabilidad en estos crímenes y que la Ley Santuario es una cobija que protege a este tipos de personas y criminales», dijo a Efe Marco Gutiérrez, fundador del grupo Latinos For Trump.
La relación del asesinato del cabo Ronil Singh y la Ley SB 54, que impide la colaboración de las autoridades locales con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para reportar a indocumentados, se dio tras conocerse que el sospechoso Gustavo Pérez Arriaga, de 32 años, era indocumentado.
«Este es un criminal ilegal con actividad criminal previa que debería haber sido reportado por ICE», lamentó recientemente el jefe de Singh, Adam Christianson, alguacil del condado de Stanislaus, donde se asienta la ciudad de Newman.
El tema ha llegado también a la esfera de la política nacional y el presidente Donald Trump justificó la necesidad de construir su ansiado muro en la frontera con México por hechos como el asesinato del agente y este jueves el mandatario llamó a la viuda del uniformado para expresarle sus condolencias.
Liz Johnson, vocera de ICE, se hizo eco del pronunciamiento y dijo en un comunicado que las autoridades federales estaban profundamente preocupados porque la denominada Ley Santuario seguía socavando la seguridad pública.
Gutiérrez y el grupo crítico con la SB 54 como New California ya anunciaron que acudirán hoy a un acto en memoria del agente Singh y harán un llamado sobre la necesidad de eliminar esta ley.
La tragedia ocurrió la madrugada del 26 de diciembre en la ciudad de Newman cuando Singh intentó detener al sospechoso al creer que el mexicano, quien tenía dos arrestos previos por conducir embriagado en 2011 y 2014, manejaba bajo la influencia del alcohol o drogas.
Tras dos días de búsqueda, Pérez Arriaga fue detenido junto a otros siete hispanos, cuatro de ellos acusados de encubrir al sospechoso.
Paul Preston, presidente de New California, asegura la SB 54 impide que los agentes federales hagan su trabajo y que «criminales» como Pérez Arriaga debería haber sido deportado en 2014.
No obstante, expertos en leyes de inmigración como el profesor Kevin R. Johnson, decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de California Davis, recuerdan que en 2014 la SB 54 no estaba en vigor, por lo que esta medida no tuvo «impacto» sobre la liberación del indocumentado.
El catedrático además apuntó en declaraciones a Efe a que no existe evidencia de que ICE haya hecho una solicitud de custodia en nombre del sospechoso.
«Culpar a las leyes de ‘santuario’ de este asesinato no es nada menos que intentar explotar una tragedia para obtener beneficios políticos», consideró.
Jon Rodney, vocero del Centro de Políticas de Inmigración de California (CIPC), coincide con Johnson y asegura que «es muy irresponsable que la Administración Trump, ICE y el aguacil (Christianson) exploten la tragedia para convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios».
Gutiérrez apunta además a cuatro de los detenidos junto a Pérez Arriaga, que están acusados de encubrir y tratar de ayudar al sospechoso a huir.
«Son indocumentados que sabían que estaban cometiendo un delito al ayudar a un sospechoso de matar a un policía. No les importó lo que había hecho, y que dejó a una viuda y un niño huérfano», argumentó.
Uno de los arrestados, Erik Raso Quiroz, tenía dos deportaciones previas, antecedentes que avivan el fuego en contra de la Ley SB 54, que ha sido atacada ya en el pasado después de sucesos con indocumentados.
En marzo de 2018, a los tres meses de que la SB 54 entrase en vigor, Luis Bracamontes, un indocumentado mexicano con historial delictivo, fue condenado a la pena de muerte por matar a dos policías en el norte California en 2014, en un caso que también fue usado por Trump para ir en contra de las leyes «santuario».
«Lo único que queremos es que no haya más viudas y huérfanos por culpa de indocumentados, y eso se puede prevenir si dejamos que las leyes de inmigración se apliquen», opinó Gutiérrez.
