Conmoción y preocupación provocó en el búnker de Morena la aparición de una nota en un medio nacional que da cuenta de cómo la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por un período de dos años a la empresa IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V., la cual es propiedad de Arturo Ávila Anaya, candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes por este partido.
La información aparecida en el sitio web del diario El Sol de México detalla que la empresa, creada por Ávila Anaya en 2002 y constituida en sociedad desde el 2013 bajo su propiedad, fue boletinada por la SFP mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF) que, a su vez, informa a la Fiscalía General de la República, a las entidades de la Administración Pública federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa mencionada.
“Una vez transcurrido el plazo antes señalado cesarán sus efectos sin necesidad de un nuevo comunicado, siempre y cuando la infractora haya pagado la multa impuesta en la resolución antes señalada o hasta que se realice el pago”, establece la secretaría en el DOF.
Cabe recordar que en abril de 2019 Arturo Ávila Anaya dio a conocer que dejó la presidencia y dirección de la empresa para dedicarse de lleno a su proyecto personal dentro de la política, aunque a la fecha sigue apareciendo como administrador único de la misma.
De acuerdo a la nota de El Sol de México, a esta empresa se le señaló en el 2018 por haber obtenido un contrato de adjudicación directa por más de 20 millones de pesos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando Enrique Peña Nieto aún era Presidente de la República, tiempo en el que Ávila Anaya se daba a conocer como un fuerte impulsor de la creación de la Guardia Nacional.
En esa misma fecha, y de acuerdo a versiones periodísticas, IBN fue señalada por falsear pruebas de balística en una licitación para proveer 1,200 chalecos con placas antibalísticas nivel III para el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Expertos consultados sobre el tema mencionaron a Hidrocálido que la sanción impuesta a IBN es el inicio de un tortuoso peregrinar en los juzgados federales para su revisión inicial, para llegar al juicio contencioso, luego al amparo y finalmente al recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual le tomará a la empresa fundada por el empresario no menos de cuatro años.
Se defienden… y lo empeoran
Pocas horas después de comenzar a correr la nota de El Sol de México, y mediante la vocería de la campaña política de Ávila Anaya, se emitió en primera instancia un escueto comunicado en el que no se desmintió la existencia de la sanción, limitándose a especificar que ésta no deviene de un contrato celebrado con la Sedena y que la misma “se encuentra en litigio”.
Sin embargo, en uno de los más prominentes chats políticos de Aguascalientes, integrantes de la misma vocería comenzaron a atacar la publicación del mismísimo DOF, asegurando que eran ‘fake news’ y justificando su versión con el argumento de que “ya se había aclarado ese asunto desde hace varios años’, aunque omitieron señalar que la publicación en el órgano de divulgación oficial se llevó a cabo justo el día de ayer 30 de marzo de. Una vez que se les señaló esto, optaron por guardar silencio y no volver a la defensa de Arturo Ávila.
