“La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo”.
EDUARDO GALEANO
Tan seguro está el Presidente de que las entregas de dinero de David León Romero a su hermano Pío López Obrador no son tan inocentes como afirma, que pidió a León Romero que no asumiera la titularidad del nuevo monopolio de distribución de medicamentos. El trato es muy distinto al que otorgó a Manuel Bartlett o a Irma Eréndira Sandoval, exonerados en automático cuando se les señaló por no haber incluido propiedades en sus declaraciones patrimoniales. Quizá la diferencia se debe a que León Romero, pese a que Andrés Manuel lo describió como “uno de los mejores cuadros, uno de los mejores servidores públicos del Gobierno”, no pertenece realmente a su círculo íntimo de colaboradores. La relación directa con el Presidente empezó, hasta donde sabemos, cuando fue su jefe de logística en 2018.
También León Romero sabía que lo que estaba haciendo no era legal. Por eso mintió acerca de su verdadera relación con el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. En su cuenta de Twitter declaró: “Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”. A esto, el abogado y comentarista Martín Vivanco respondió en el mismo medio: “¿Entonces por qué tú te presentabas en la SEP en el 2016 —y yo te recibía— como Jefe de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas?”.
Si bien León Romero era formalmente un consultor independiente, colaboraba fuera de nómina con el ex-gobernador de Chiapas y hoy senador del Partido Verde, Manuel Velasco. Fue previamente empleado de los grupos parlamentarios del Partido Verde en la Cámara de Diputados y en el Senado. A pesar de que se ha dicho que es miembro del Partido Verde, actualmente es diputado federal suplente por el distrito 6 de Villahermosa, Tabasco, en representación del Partido Encuentro Social.
Tiene razón el presidente López Obrador cuando señala que los aparentes montos que se entregaron en bolsas a su hermano Pío palidecen en comparación con los sobornos y desvíos de Emilio Lozoya, pero no hay duda de que se cometió un delito. La Ley Electoral no prohíbe las aportaciones en efectivo, pero sí señala en su artículo 56 que “los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes del aportante”. Los partidos deben presentar además “una relación mensual del nombre de los aportantes” y “de las cuentas del origen del recurso, que necesariamente deben estar a nombre de quien realice la aportación”. No hay excepciones, ni siquiera para Leona Vicario.
Lo que debe hacerse en este caso, así como en los que involucran a Emilio Lozoya, es cumplir la ley. El Presidente no tiene por qué exonerar de antemano a los ex-mandatarios o prometer una consulta para saber si llevarlos a juicio. Tampoco debe castigar a sus adversarios, mientras perdona a sus amigos que cometieron los mismos delitos. López Obrador dice constantemente: “No somos iguales”. Para ratificarlo tendrá que demostrar que no hay hoy nada ni nadie por encima de la ley. Ni siquiera sus operadores políticos.
MOTIVOS POLÍTICOS
“Los editores de Nexos —declaró la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval— han sido de los más férreos propulsores y defensores del Estado mínimo. Hoy pueden seguir publicando libremente sus ideas sin depender del financiamiento del Estado”. El coordinador general de Ciudadanización y Atención a Víctimas de la Corrupción, Jesús Robles Maloof, descalificó a “Héctor Aguilar Camín y sus secuaces”. Dicen además que no hubo motivaciones políticas en las sanciones de la SFP contra Nexos.
