El sistema de justicia en Aguascalientes ha dado un nuevo paso dentro de las indagatorias vinculadas con el polémico caso de Next Energy. Recientemente, tres exfuncionarios fiduciarios fueron formalmente vinculados a proceso por su presunta participación en diversos delitos. Entre las personas imputadas se encuentra Zulema Berenice Cortés, quien enfrentó una audiencia en el Poder Judicial del Estado, donde inicialmente se le señaló por el delito de peculado en coautoría y, posteriormente, se le imputó también el cargo de fraude.
Esta situación legal ha generado diversas reacciones en el ámbito social y político de la entidad, poniendo sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad institucional y la necesidad de ampliar las líneas de investigación hacia las esferas más altas del servicio público que tuvieron injerencia en el proyecto.
Medidas cautelares y situación legal de los imputados
Respecto a este proceso, la directora de la organización Las Libres, Verónica Cruz, informó los detalles sobre las determinaciones judiciales tomadas en torno a los implicados. Como parte de las medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial, se determinó que no se aplicaría la prisión preventiva en el caso específico de Zulema Berenice Cortés.
En consecuencia, la imputada deberá cumplir con la obligación de acudir a firmar de manera periódica ante la autoridad correspondiente mientras avanza el desarrollo de las investigaciones complementarias. No obstante, previo a esta resolución, se dio a conocer que la exfuncionaria permaneció internada durante varias horas en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) femenil de Aguascalientes. En dicho recinto se desarrolló parte de su situación jurídica, la cual comparte de manera paralela con otros dos exdelegados fiduciarios que enfrentan exactamente el mismo proceso legal ante los tribunales locales.
Exigen indagar a funcionarios de alto nivel
Ante la resolución judicial, voces de la sociedad civil han cuestionado el enfoque que ha tomado la procuración de justicia. Verónica Cruz cuestionó abiertamente que las autoridades estén procediendo legalmente de manera exclusiva contra personas que desempeñaban funciones de carácter fiduciario dentro de este esquema.
La activista señaló de manera directa que el proyecto de Next Energy no operó en el vacío, sino que pasó por las manos de diversos funcionarios públicos de alto nivel jerárquico. Por este motivo, consideró indispensable y necesario que la investigación se amplíe para alcanzar y esclarecer la responsabilidad de quienes originalmente autorizaron y participaron activamente en la aprobación y ejecución del proyecto.
“Por qué ningún funcionario público si ese proyecto pasó por manos de muchos funcionarios públicos del más alto nivel, por qué se están yendo contra personas individuales, y ya tienen además al de la empresa”, refirió Verónica Cruz al cuestionar el curso de las indagatorias.
Solicitud de audiencia pública y protección de datos bancarios
Durante el desarrollo de las diligencias legales, la defensa jurídica de Zulema Berenice Cortés realizó una petición formal para que la audiencia se llevara a cabo bajo el formato de carácter público, buscando mayor transparencia en el proceso.
Sin embargo, tras la valoración correspondiente, el juez determinó que la sesión se realizara de manera privada. La razón principal de esta decisión judicial se debió a que durante la comparecencia se ventilarían y expondrían datos de naturaleza bancaria sensibles, los cuales requieren protección legal por secrecía y normatividad financiera.
A pesar de la privacidad de la audiencia, desde la organización civil se reiteró que el propósito fundamental de exigir transparencia y apertura en este tipo de procesos radica en garantizar que exista un acceso real a la justicia, permitiendo esclarecer con total claridad cuál fue el destino final de los recursos económicos y quiénes son los verdaderos responsables en este caso relacionado con el fideicomiso de Next Energy.
