México, 5 jun (EFE).- La nueva política energética del Gobierno mexicano ha causado incertidumbre a pequeñas y grandes empresas de renovables al ahuyentar futuras inversiones y frenar el desarrollo del sector, advirtieron este viernes varios analistas.
En México operan 113 centrales renovables con una capacidad instalada de 10.086 megawatts (MW), con base en un análisis de datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).
La italiana Enel lidera con 11 plantas y una capacidad de 2.048 MW, seguida de la española Acciona con siete plantas y 1.056 MW, y de las cuatro centrales y 747 MW de la mexicana Zuma.
La cuarta empresa es Iberdrola con 7 plantas y 637MW de capacidad, seguida de Mitsubishi/BALAM Fund (1 planta y 396MW), EDF / MITSUI (2 plantas y 324MW), Ener AB (BAL/AES) (1 planta y 306MW), Ienova (3 plantas y 293 MW), Altem/Cubico (2 plantas y 290MW) y GEMEX (4 plantas y 271), entre otras.
Las empresas están ahora inmersas en los procesos legales abiertos contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la política de la Secretaría de Energía (Sener) que han provocado sorpresa y rechazo por cambiar las reglas establecidas.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que estos cambios afectan a procesos productivos que representan al menos el 14 % del PIB, además de arriesgar 30.000 millones de dólares en inversión.
Aunque las nuevas medidas estén a la espera de las decisiones en los tribunales, la acción ha generado una incertidumbre «muy peligrosa» para los inversores por una «falta de comunicación», consideró Karla Cedano, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).
«El principal problema que hay en este momento es la incertidumbre porque se han parado los proyectos y dado un alto abrupto sin una comunicación previa», explicó a Efe.
La representante de la ANES, que agrupa a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), se refirió al acuerdo que el Cenace publicó el 29 de abril, y a la política de Sener, fechada el 15 de mayo.
Estas nuevas políticas, con el argumento de garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la crisis del coronavirus, frenaron pruebas en plantas renovables, aunque se reactivaron tras las impugnaciones de los privados.
Cedano aseguró que el sector no está en contra de una regulación necesaria, pero debe existir diálogo con los involucrados, entre ellos cientos de mipymes mexicanas que «hacen su mejor esfuerzo» para entrar a «un mercado interesante».
«¿Qué necesidad había, de un día para otro, violentando la normatividad y desconociendo las recomendaciones de hacer consultas, de sacar el acuerdo? Esto lo que genera es este ‘sospechismo’ que tenemos todos y esta polarización que ya existe en el país», argumentó.
CERTIDUMBRE INTERNACIONAL
La certidumbre a los inversionistas internacionales también es necesaria por la entrada en vigor el 1 de julio del nuevo Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), manifestó Ramses Pech, socio fundador de Caraiva y Asociados, consultora de proyectos energéticos.
El analista citó que los capítulos 13 y 14 del nuevo acuerdo protegen las inversiones de empresas norteamericanas en México, por lo que el Gobierno debe proveer claridad técnica.
«Esta administración tiene que dar certeza jurídica, dar certeza de las inversiones y, sobre todo, ponerse de acuerdo en qué es lo mejor, no para esta administración, sino para la nación de ahora en adelante», indicó.
Tras el acuerdo del Cenace, la Embajada de Canadá envió una carta al Gobierno de México en la que denuncia riesgos para inversiones por cerca de 450 millones de dólares de empresas canadienses como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power, además de 1.000 empleos.
Por su parte, la Delegación de la Unión Europea en México aseveró que las reglas del Cenace «impactarían negativamente» a 44 proyectos en 18 estados, «lo que pondría en riesgo inversiones, incluyendo las de empresas de la UE, que superan los 6.400 millones de dólares».
PROTECCIÓN JURÍDICA
Ambos especialistas coincidieron en que los privados tienen la ley de su lado en las disputas vigentes en los tribunales.
«Son amparos para que quede un precedente, en donde las empresas no entraron a operar no porque fue una decisión de ellas, sino por una cuestión de la crisis de COVID-19», explicó Pech.
Los lineamientos no pueden frenar la producción renovable de las centrales ya existentes, agregó Cedano, quien también es académica del Instituto de Energías Renovables (IER) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«El marco jurídico en eso es muy claro y nos dice que las leyes no pueden ser retroactivas. Entonces, creo que es una de las cosas que nos tiene que dar más tranquilidad», apuntó.
