El Observatorio de Violencia Social y de Género le hizo llegar a la gobernadora Tere Jiménez y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso del Estado, un oficio donde solicitan la remoción del fiscal del Estado, Jesús Figueroa Ortega; “vamos a agotar las vías que sean necesarias”, señaló Mariana Ávila Montejano, fundadora de dicho Colectivo.
Explicó que dicha petición se debe a que han sido reiteradas y constantes las declaraciones del fiscal donde se anticipa a la conclusión de las carpetas de investigación y presenta información de las víctimas directas y de su contexto; “esto no sería un problema si hubiera sido consensuado previamente con las familias”.
Señaló que no se dio un diálogo con las víctimas indirectas, además de que dicha información se lanza a los medios; “lanza información que estigmatiza, poniendo a las afectados en situaciones vulnerables, que incluso llegan a ser criminalizantes”.
La activista indicó que al decir que la víctima formaba parte de algún grupo o estaba relacionado con la delincuencia organizada, lo preocupante es que el titular de una institución puede en reiteradas ocasiones violentar los derechos humanos sin que exista ninguna consecuencia.
Apuntó que es un mensaje para que las autoridades vean que la ciudadanía está buscando los mecanismos para que dichas situaciones no se repitan, además de que es un llamado no solamente para el fiscal, sino para todos los titulares acerca de la responsabilidad que tienen para el respeto de los derechos humanos.
“Vamos a hacer uso de nuestra voz legítimamente por el acceso a la justicia y a la verdad, este es un oficio que presentamos, donde se argumenta y se fundamenta jurídicamente por qué no puede continuar como titular de la Fiscalía General del Estado”, manifestó Ávila Montejano.
Por último dijo que es importante que las autoridades pongan un alto a la violencia en todos los sentidos, es decir no solamente la de las calles, la delincuencia organizada, sino la que se da desde las instituciones y tanto la gobernadora como el Poder Legislativo tendrán que responder a dicha petición y en caso de no hacerlo llevarán a cabo una serie de acciones como una reacción a las omisiones.
