CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras la detención de Julio César Serna, quien fue jefe de su gabinete cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el senador Miguel Ángel Mancera confió en que al exfuncionario se le respeten todas garantías de defensa y que “ojalá que no haya ningún tipo de chicana política“.
“Y ojalá que no haya ningún tipo de chicana política, que se permita un litigio ágil y no litigios eternos o eternizados“, expresó en la sede del Senado el legislador del PRD.
Las operaciones de exfuncionarios de la pasada administración, ligados con el senador Mancera, se concentran en varias carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), las cuales ahora son reforzadas con la información proporcionada por Miguel Ángel Vásquez, exsubsecretario de Administración y Capital Humano.
Fuentes refirieron que la FGJ se encuentra integrando una carpeta de investigación en específico contra el exjefe de Gobierno del periodo 2012-2018.
Son 23 exfuncionarios —15 de ellos de primer nivel— que tienen indagatorias en su contra por diferentes delitos, entre ellos, Julio César Serna, detenido la noche del sábado.
La mayoría de las pesquisas son por delitos como peculado, uso ilegal de atribuciones y enriquecimiento ilícito, con los que trazaron una red que afectó las arcas del Gobierno de la Ciudad de México.
Julio César Serna, quien fue jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, inició una estructura financiera que presuntamente le permitió triangular millones de pesos ilícitamente y junto con otros funcionarios creó empresas fantasma que se dedicaban supuestamente a rentar lugares para estacionamientos e inmobiliarias que compraban predios a precios de oferta para después construir plazas comerciales o complejos habitacionales, detallan las carpetas de investigación integradas por la Fiscalía General de Justicia local (FGJ).
La noche del sábado, elementos de la Policía de Investigación de la FGJ detuvieron, en la alcaldía Álvaro Obregón, a Julio César Serna, acusado del delito de enriquecimiento ilícito, quien la dependencia presume como la cabeza de un grupo de funcionarios de la pasada administración que realizaron millonarios desvíos de recursos públicos.
Además, es investigado por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, daño en propiedad ajena y por posible peculado, de acuerdo con las carpetas.
