México, 24 jun (EFE).- Las nuevas evidencias de tortura en el caso Ayotzinapa reafirman “la urgencia de investigar” a funcionarios que incurrieron en violaciones a derechos humanos y obstruyeron la búsqueda de la justicia, destacó este lunes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México.
En un boletín, el organismo señaló que desde hace unos días diversos medios de comunicación publicaron un video que expone la tortura por parte de tres individuos contra Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa.
El video muestra el hombre con ojos vendados, maniatado, sometido a asfixia, toques eléctricos, golpes y vejaciones mientras es interrogado por funcionarios públicos por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala (sureño estado de Guerrero) el 26 de septiembre de 2014.
“La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena categóricamente tales actos de tortura y reitera el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura”, se apunta en el boletín.
El caso de la tortura a Canto fue documentado por la ONU-DH en su informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, recordó el organismo.
Canto fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (Semar) y su caso es uno de los 34 en que la ONU-DH encontró “fuertes elementos de convicción” que indican la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a los derechos humanos.
Este caso también se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio de 2015 por cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“El video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso” para investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos, agregó Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
El organismo destacó que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa “no fueron casos aislados” e instó al nuevo gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, a tomar “acciones concretas y contundentes” para sancionar a los funcionarios públicos.
El nuevo Ejecutivo se ha comprometido a abordar de nuevo la investigación de esta tragedia y creó una comisión especial a los pocos días de asumir López Obrador la Presidencia en diciembre.
Sobre esto, la ONU-DH llamó a la Fiscalía General de la República a relanzar la investigación y a descartar definitivamente la llamada “verdad histórica”.
Según la versión oficial del Gobierno anterior -la verdad histórica-, los jóvenes fueron detenidos por policías municipales corruptos, entregados al cártel Guerrero Unidos y asesinados y quemados en un basurero.
A raíz de la publicación del video, Carlos Gómez Arrieta renunció el pasado sábado a su cargo como subsecretario de Seguridad en el occidental estado de Michoacán, quien en septiembre de 2014 estaba a cargo de la Policía Federal Ministerial.
Según una información de este lunes de la Secretaría de Marina (Semar), desde que supieron de este caso empezaron a investigar con las unidades que “podrían haber participado de este evento”.
