Empresarios del transporte urbano demandaron la intervención de la Contraloría General del Estado para que se investigue y proceda legalmente contra el ex-gobernador Martín Orozco por el presunto fraude descarado que cometió mediante la compra con sobreprecio de hasta 180 mil pesos de las alcancías y tarjeteros electrónicos para 448 autobuses del transporte urbano.
“Se desconoce cuál sea el paradero de esos equipos que se compraron con recursos públicos en la pasada administración que encabezó Martín y los cuales fueron rechazados por los permisionarios debido a que no eran funcionales y tan es así que la empresa que maneja en concesión el transporte urbano tuvo que invertir en otros equipos”, mencionaron socios de Línea Express.
Luego de explicar que en su momento el ex-gobernador y el actual titular de Movilidad les ofrecieron los equipos electrónicos en 92 mil pesos cada uno, aun y cuando se facturó por cada uno de los 448 equipos una suma de 272,900 pesos, lo que da una erogación de más de 122 millones de pesos, los urbaneros mencionaron que se trató de un gasto inútil que sólo benefició a quienes participaron en la compra de los mismos porque de esa manera se justificó lo que técnicamente resultó ser un desvío de recursos muy importante.
“Sería importante que la Contraloría del Estado le diera seguimiento a este caso y que no se quedara sólo en eso, sino que además proceda legalmente en consecuencia en contra de quien ordenó la compra a un sobreprecio insultante y de quienes se beneficiaron de la misma pues no sólo es responsable quien dio la orden de compra y de pagar mucho más de lo que en realidad costaban en ese entonces los equipos, ya que también tienen responsabilidad quienes participaron en la cadena de corrupción al amparo del reequipamiento de los camiones como parte de la modernización del servicio”, subrayaron los empresarios del sector que rechazaron la imposición y compra de esos equipos.
Los denunciantes indicaron que los urbaneros que se vieron obligados a aceptar las alcancías electrónicas de los camiones fueron presionados a firmar pagarés por cantidades exageradas y supuestamente sólo para justificar lo que presuntamente costaron los equipos, a fin de tratar de “cuadrar las cuentas de los más de 122 millones de pesos que en teoría se destinaron para esa compra que además no se hizo siguiendo los procedimientos administrativos respectivos”.
