México, 17 may (EFE).- El acuerdo que limita la participación de empresas privadas en energías renovables, y que ayer entró en vigor, atenta contra la legalidad, la libre competencia y el bienestar de los consumidores, consideró este domingo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México.
Además, dijo que el sector privado -incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía- «agotará los recursos jurídicos» que ofrece el orden constitucional mexicano, así como «los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales» en vigor para defender sus inversiones.
En un comunicado, el CCE señaló que el acuerdo publicado el viernes por la noche por la Secretaría de Energía (Sener) por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, «es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano».
La cúpula empresarial dijo que a través de este instrumento, la Secretaría de Energía (Sener) «usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia».
Además de que dicho Acuerdo «se publicó sin respetar procesos legales y normativos».
El CCE dijo que el acuerdo representa «un ataque frontal a la inversión en México» y esto causará graves consecuencias como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos de generación de energías limpias en 18 estados del país, que representan inversiones por unos 6.400 millones de dólares.
Ante, ello el CCE, los doce organismos que lo integran, la American Chamber/México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales hicieron un llamado a revocar el citado acuerdo.
RECURRIRÁN A ARBITRAJES INTERNACIONALES
En el mismo tono fue la postura de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), organismo que explicó en un comunicado que, derivado de lo anterior, «algunas las empresas generadoras afectadas por estas disposiciones han recurrido ya al amparo» y probablemente otras harán lo propio en los próximos días
Además, «no se descarta la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales de inversión».
El organismo industrial dijo que estas acciones «impactan negativamente la imagen internacional de México como país destino de inversiones», ya que incrementan sensiblemente el riesgo regulatorio que, junto con una creciente precariedad económica y financiera, reduce el atractivo del país frente a otros como destino de inversión.
El sábado, el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía, señaló en un comunicado que uno de los principales beneficios de la citada política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) «es garantizar un ordenamiento eficaz».
Precisó que en el caso de energías intermitentes «se deben incorporar mediante la intervención y apoyo necesario de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento».
