La decisión autoritaria del Gobierno de impedir que los 86 autobuses de la Línea Express siguieran prestando el servicio podría resultarle bastante cara, pues a un año de que esos camiones dejaron de prestar servicio el monto de las pérdidas económicas asciende a 73 millones de pesos sólo por el pasaje perdido, más lo que se acumule por otras afectaciones colaterales.
“Pese a las presiones de todo tipo que se han recibido, nosotros seguimos en pie de lucha y sin quebrarnos, pues sabemos que se cometió una injusticia en nuestra contra y que el tribunal federal nos terminará por dar la razón”, mencionó el presidente de Línea Express.
Jaime Carranza Ochoa dijo que se peleará en los tribunales por cada peso con que se haya visto afectada la empresa y los dueños de los camiones, toda vez que no sólo son los 200 mil pesos por día que se pierden por tener los camiones detenidos, sino que también hay otros gastos fuertes por el mantenimiento que requieren las unidades aun estando varadas y por el costo de la defensa jurídica, entre muchas otras pérdidas que por el momento se están absorbiendo “ahora sí que como se pueda” por los afectados.
Apenas el pasado domingo se cumplió un año de que por ordenes “de arriba” y con el apoyo de la fuerza pública estatal se impidió que salieran a ruta los primeros 50 camiones de la que fue la única empresa transportista que se negó a malbaratar las acciones y los autobuses a la compañía ADO, ocurriendo luego lo mismo con las 36 restantes, a manera de presión o en represalía por no haberse prestado a lo que querían las autoridades y cuyas disposiciones fueron ejecutadas por el titular de la Coordinación de Movilidad del Estado.
“Los autobuses nos los han querido embargar y prácticamente arrebatar con el alud de demandas que se han presentado por una serie de motivos, pero aun así seguimos en pie de lucha y confiados en que a final de cuentas se nos dará la razón en los juicios que se promovieron en los tribunales federales, luego de que en los locales se actuó por consigna por la línea que se les marcó desde el Gobierno”, mencionó el representante de los transportistas afectados.
Los camioneros integrados a Línea Express coincidieron en mencionar que la afectación de la gente de Gobierno del Estado, al inhabilitar o sacar del servicio a los 86 autobuses de esa empresa, no fue sólo para los dueños de los camiones y sus familias, sino también para miles de usuarios debido a que todavía aún sigue habiendo problemas con el servicio en las rutas que estaban a cargo de esa empresa en el esquema anterior al que se maneja ahora ya con ADO como socio mayorista del servicio.
