CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).-
En México, mueren anualmente poco más de 60 mil animales de compañía víctimas de maltrato. Por ello, la diputada federal del Partido Verde, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, planteó actualizar sanciones en el Código Penal Federal para castigar hasta con 10 años de cárcel a quienes ejercen violencia contra los animales de compañía.
La iniciativa, que reforma y adiciona el artículo 419 Bis del mencionado código, busca imponer al doble las penas vigentes y quedar de uno a 10 años de prisión y el equivalente de 200 a cuatro mil días de multa. Es decir, hasta 414 mil 960 pesos a valor actual.
Los funcionarios públicos que ejerzan maltrato animal tendrán penas mayores, quedarán inhabilitados para desempeñar cargos o laborar en centros públicos, por un periodo igual al de la prisión impuesta y deben someterse a tratamientos psicológicos por su conducta antisocial.
“Las agresiones no tienen límites, quien ejerce violencia en el manejo de estos organismos sintientes se convierte en un potencial agresor de personas y los legisladores no podemos soslayar que las leyes, códigos y reglamentos no han logrado garantizar el bienestar de estos seres indefensos”, dijo Domínguez.
Agregó que “hacen falta más acciones y programas de cuidado, atención y esterilización de animales de compañía para evitar el crecimiento de la población y su abandono, hechos que se han convertido en un serio problema de salud pública; se estima que ocho de cada 10 perros que nacen en el país no encontrarán un hogar”.
La Encuesta Nacional de Bienestar del año 2021, elaborada por el Inegi, señala que en el país 69.8 por ciento de los hogares tienen una mascota, entre ellos, perros, gastos y peces, pero también, se asienta que el abuso aumenta cada día, pues se calcula que al año mueren aproximadamente 60 mil animales víctimas de la violencia en México y no hay castigo a los agresores
Entre 2019 y 2020, las fiscalías de los estados reportaron la recepción de dos mil 490 denuncias por maltrato animal, sin embargo, los resultados de los casos llevados a juicio son mucho más bajos, pues en el mismo periodo solo se judicializaron 195 casos, de los cuales, resultaron 101 agresores vinculados a proceso.
“Lamentablemente, dictaron 18 sentencias por este delito en dos años y solo 14 agresores tuvieron como pena la privación de su libertad en todo el país, mientras que, la suma de todas las sanciones económicas impuestas no rebasó los 130 mil pesos, por lo que el índice de castigo a este delito es menor al 0.01%”, explicó la legisladora.
