Familiares de cuatro personas desaparecidas realizaron un plantón silencioso en el Jardín de las Jacarandas, ubicado a un costado de la Plaza de la Patria, con la intención de exigir información a las autoridades correspondientes acerca del paradero de sus ausentes.
Señalaron que a una semana de haberse registrado su desaparición nadie les ha podido dar razón, “ellos eran simplemente trabajadores que se los llevaron a Zacatecas a cargar y descargar trailers de dulces y ya no supimos nada”, manifestaron.
Los familiares indicaron que apenas les están respondiendo y se está iniciando la investigación correspondiente, “bendito Dios que ya nos están haciendo caso”.
Y dijeron que también están recibiendo llamadas de extorsión solicitándoles las cantidades de 100, 15 y 5 mil pesos por cada uno de sus seres queridos, “los números telefónicos, de donde se reciben las llamadas son distintos y diferentes personas”.
Por lo anterior los manifestantes aseveraron que también ya se presentó la denuncia en el estado de Zacatecas y en la Fiscalía de Aguascalientes y esperan recibir pronto una respuesta.
Por otro lado, Javier Espinosa Granados, vocero del Colectivo Verdad y Justicia, denunció que mientras se siguen presentando los problemas de personas desaparecidas en Aguascalientes, la Comisión Estatal de Búsqueda y ahora también el Consejo Ciudadano, que recientemente fue establecido, se encuentran realizando una serie de arbitrariedades y no atienden los problemas que realmente interesan a las víctimas de desaparición.
Por señalar algunas anomalías, Espinosa Granados destacó que la Comisión Nacional de Búsqueda llevó a cabo la semana pasada búsquedas, en compañía con su homóloga en Aguascalientes y lamentablemente los familiares ni la Fiscalía fueron invitados violando su derecho a participar en las búsquedas, “el principio de participación conjunta y coordinación interinstitucional”.
Por último el vocero de dicho Colectivo señaló a José Luis Collazo Rivas y a Rafael Herrera Nájera de tomar decisiones individuales quebrantando la cohesión, autonomía y respeto del Consejo Ciudadano, así como romper la confianza a los consejeros trastocando los principios mínimos de ética.
