A nombre de todos los colectivos, los miembros del Centro de Atención Vive Aguascalientes (CAVA) reprobaron públicamente la intimidación por parte del Estado a dicha organización, ya que el pasado 27 de febrero a mediodía irrumpieron a sus instalaciones personas uniformadas que portaban armas cortas y largas, “quienes no se identificaron e hicieron amenazas verbales”, manifestó Angélica Contreras, integrante de Cultivando Género.
El argumento que señalaron de forma verbal fue que los mandaba “la licenciada Tere Jiménez”. Su acceso fue con uso de violencia hacia las instalaciones, tomando fotografías de todos los espacios, vulneraron la confidencialidad y seguridad de las personas que se encontraban en el lugar ya que también fueron fotografiadas sin pedir algún permiso, señaló la activista.
Agregó que dichas personas se trasladaban en vehículos oficiales con rótulos que decían: “Gobernación, Policía Estatal y Municipal de Aguascalientes, así como una camioneta de Migración y Guardia Nacional”; además ingresaron a las instalaciones de CAVA sin contar con una orden judicial o documento escrito que justificara su presencia.
Comentó que incluso a uno de los usuarios que dormía lo levantaron a punta de pistola, haciendo un interrogatorio a todos; revisaron cajones, colchones, camas y todos los rincones, “el psicólogo de la organización trató de dar respuesta a todos sus cuestionamientos, sin realizar un acta oficial o cédula para lo mismo”.
El presidente de CAVA, Efraín Muro, añadió que las preguntas realizadas por parte de los agresores eran por ocurrencia, acerca de los medicamentos, la cantidad de personas que asisten y colaboran ahí, “siendo en todo momento intimidatorios y después se retiraron, sin encontrar nada fuera de la legalidad”.
Por lo que Sofía Ortiz, de la Clínica SURA, señaló que desde las organizaciones reprueban tajantemente los hechos y exigieron a las autoridades que funden el motivo de la intervención realizada a CAVA, “las organizaciones civiles hacemos el trabajo que no hace el Gobierno y cubrimos necesidades que la población vulnerada requiere, y hacemos incidencia política donde encontramos área de oportunidad para mejorar la garantía de los derechos humanos”.
