La situación que enfrentan los periodistas en nuestro país es sumamente grave, tan es así que en 2021 México fue catalogado, por la encuestadora Enkoll, como el tercer país con más asesinatos a periodistas, por debajo de Irak y Siria, lo que pone en evidencia los riesgos a los que enfrentan los comunicadores al momento de ejercer su derecho de libertad de expresión.
Además, del año 2000 al 2022 ha habido 156 periodistas asesinados en México, el 92% hombres y el 8% mujeres. Ante esta problemática, las diputadas Nancy Gutiérrez y Leslie Figueroa presentaron ayer la “iniciativa por la que se crea la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Aguascalientes”.
Aunque en Aguascalientes no se ha dado el caso de periodistas asesinados, no está exento de vivir esos preocupantes sucesos y según el doctor Salvador de León Vázquez, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en nuestro Estado lo que ocurre en relación al gremio es una “violencia de baja intensidad”.
En la rueda de prensa se contó con la presencia de la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), Yessica Pérez Carreón.
Cabe destacar que este proyecto de ley homologaría la legislación local con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que opera a nivel federal desde el año 2012 y prevendría e inhibiría conductas de intimidación. El mecanismo estaría adscrito a la Secretaría General de Gobierno.
Aunque en Aguascalientes no se ha dado el caso de periodistas asesinados, no está exento de vivir esos preocupantes sucesos y según el doctor Salvador de León Vázquez, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en nuestro Estado lo que ocurre en relación al gremio es una “violencia de baja intensidad”.
Aquí no hay agresiones directas contra periodistas en un número tan grande como lo vemos en otras entidades, pero la forma de violencia que sufren es una violencia simbólica que tiene que ver con la precarización del trabajo periodístico, generando una violencia estructural.
A pesar de que se han presentado pocas agresiones físicas a periodistas en el Estado, el investigador no duda de que estas ocurran y no sean denunciadas, ya que los periodistas evitan arriesgarse al hacerlo público: “He sabido de casos que reciben amenazas anónimas, donde les han hackeado los portales digitales, lo cual también es considerado un delito contra la libertad de expresión”.
Con referencia a los asesinatos de periodistas a nivel nacional, en la exposición de motivos se refiere que en situación similar se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país, quienes han sido víctimas de agresiones, persecuciones, intimidaciones, vigilancia y muerte por parte de autoridades gubernamentales y organizaciones delictivas.
Señalaron que según el Informe Sobre la Situación de las Personas y Comunidades Defensoras de los Derechos Humanos y Ambientales en México del año 2021, emitido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental por sus siglas CEMDA, tan sólo durante ese año fueron reportados 25 asesinatos de defensores de derechos humanos (7 muertes más en relación al año 2020).
Por otra parte, afortunadamente, en Aguascalientes no se tiene registro de asesinatos a periodistas ni a defensores de derechos humanos por motivos de sus labores, sin embargo, esto no significa que nuestro Estado se encuentre exento de sufrir estos preocupantes sucesos. Por esta razón, y atendiendo a la realidad que se vive en nuestro país, los gremios periodísticos y activistas de nuestro Estado han venido reclamando leyes y mecanismos para su protección.
Si bien Aguascalientes no forma parte del ranking de entidades con más personas amparadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en nuestro Estado sí existen comunicadores amparados y protegidos por este mecanismo nacional.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, existen 13 estados del país que no tienen legislaciones en materia de protección para las personas defensoras de Derechos Humanos y Comunicadores, entre ellas Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, etc.
Pese a lo anterior, el total de estados sin mecanismos de protección para dichas personas asciende a 17, porque cuatro de los 19 territorios con leyes enfocadas en el tema no contemplan tal figura, de acuerdo con estudios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es evidente que ante la realidad que viven en nuestro país las personas defensoras de Derechos Humanos y los periodistas, Aguascalientes necesita una estructura normativa homologada a nivel estatal para proteger a estos gremios, pues el Estado no se encuentra exento de sufrir estos acontecimientos y el mecanismo nacional de la Secretaría de Gobierno no es suficiente para la terrible cantidad de ataques y de asesinatos vistos en la actualidad en el país.
