El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Lugo Morales, fue hallado culpable de haber ejercido violencia política en razón de género en contra de una destacada militante de esta fuerza política.
Por unanimidad, las magistradas Claudia Eloísa Díaz de León González, Laura Hortensia Llamas Hernández y el magistrado Héctor Salvador, votaron la ponencia PES-082/2022 en la que se declara culpable de haber violentado políticamente a su denunciante.
En la resolución se establece una multa de 4,811 pesos y la reparación integral del daño que consiste esencialmente en una disculpa pública y el asistir a cursos sobre como evitar este tipo de violencias.
De igual forma, en la sentencia se le da vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por lo que le será iniciada una carpeta de investigación de carácter penal, con amplias posibilidades de ser vinculado a proceso, mismo que se desahogará en el transcurso de las próximas semanas y meses.
En la sesión del tribunal efectuada hoy y que concluyó hace unos minutos, también fue resuelto el recurso PES-083/2022 interpuesto con una excandidata a la presidencia municipal de Aguascalientes y por una diputada local del PRI, quienes acusaron al dirigente priista de haberlas violentado durante el desarrollo de una conferencia de prensa en junio pasado.
Al respecto, la ponencia a cargo de la magistrada Laura Llamas -quien por cierto no expuso, ni explicó la forma en cómo no encontró VPG-, se determinó la no responsabilidad de este tipo de violencia por parte del denunciado, Antonio Lugo Morales, por lo que, fue exonerado de esta falta al código electoral.
Al respecto, una de las denunciantes, Norma Guel, se mostró insatisfecha por la resolución del tribunal y adelantó que será analizada a detalle la resolución con la finalidad de impugnar, porque considera que la actuación del presidente del PRI sí constituye violencia política en contra de ella y de la diputada priista.
En otros temas resueltos por el tribunal, fueron desechados recursos en los que se denunciaron actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos por parte candidatas del PAN y Morena, por no lograr acreditar, con las pruebas aportadas, las formas de tiempo, modo y lugar que pudieran establecerse las faltas denunciadas.
Sin embargo, en los procedimientos PES-097/2022 y PES-085/2022, establecidos en contra del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien acusaron de usar recursos públicos para favorecer a la candidata de Morena en la pasada contienda, sí hubo elementos para establecer su responsabilidad por lo que la sentencia fue emitida para que sea incluido en el catálogo de personas sancionadas y resolvieron dar vista al Congreso del Estado de Michoacán para que ellos determinen la sanción correspondiente.
