México, 4 nov (EFE).- Los menores mexicanos ven vulnerados sus derechos humanos en Centros de Asistencia Social (CAS) y en albergues, denunció un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentado este lunes.
Según el «Informe especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la República Mexicana» realizado por el organismo, también se carece de una recopilación de datos de estos menores para conocer el motivo de su ingreso y su situación jurídica.
Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la CNDH, destacó que esta situación complica el establecimiento de políticas públicas integrales dirigidas a este segmento de la población.
De acuerdo con datos del documento, entre enero de 2014 y julio de 2019, en total se han presentado 234 quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos a menores de edad que viven en CAS, y el noroccidental estado de Baja California es donde mayor número de ellas se presentaron con 46.
En ese mismo periodo se contabilizaron un total de 378 menores agraviados, de los cuales 36 % estaban en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 24 % de autoridades estatales, 15 % de autoridades responsables de la procuración de justicia y 13 % de autoridades municipales.
En total, señaló el informe, existen 26.372 niñas, niños y adolescentes albergados en CAS y albergues mexicanos, de los cuales, 1.959 cuentan con posibilidades de reintegración familiar, 627 son candidatos de adopción y 1.858 necesitan regularización de su situación jurídica.
Además, no existe información de la situación jurídica de 19.126 menores.
Eslava Pérez señaló que esta falta de información de los menores que se encuentran en esta situación es un impedimento para conocer con exactitud la cantidad de menores que son ingresados a uno de estos centros en el país.
Además de que no contar con datos sobre su situación jurídica es una barrera para que se les otorguen las facilidades para ser adoptados, con lo que se prolonga su estancia, en ocasiones, hasta que son mayores de edad.
Del mismo modo, el informe reveló que los CAS no cuentan con personal especializado para la atención de los menores, lo que evita que puedan tener una óptima reinserción a su núcleo familiar existente o a uno nuevo.
Mientras que destacó la urgencia de fortalecer labores de supervisión en estos centros para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan en ellos, además de crear una partida presupuestal para estos centros pues no existe homologación en recursos para estas entidades.
Ante este panorama, la CNDH emitió algunas propuestas entre las que están que las autoridades incorporen en sus planes, programas y estrategias a la población menor de edad residente en CAS, adoptando medidas para garantizar el acceso a todos sus derechos en condiciones de igualdad.
Además de fomentar la recopilación de datos a nivel federal, estatal y municipal, y trabajar y desarrollar acciones dirigidas para identificar, prevenir y atender causas de la separación familiar.
En tanto, urgió al DIF implementar acciones y estrategias necesarias para que se presten los servicios en condiciones seguras y dignas.
Asimismo, se debe consolidar y mantener actualizado el registro nacional de centros con el fin de proporcionarles asistencia social y orientación.
Finalmente, dijo que el objetivo de las políticas debe incluir la prevención, la mejora en los procesos de atención, la restitución de derechos, la reparación del daño y propiciar que quienes estén ahí tengan posibilidad de reintegrarse a familia o algún otro núcleo familiar.
